Hace más de dos años que el caso del atentado en la Universidad Nacional de Bogotá se encuentra congelado en un limbo judicial. La Jurisdicción Especial para la Paz rechazó que los acusados se sometieran a este tribunal de justicia transicional, pero tampoco los devolvió formalmente a la justicia ordinaria para que el proceso continuara. El resultado es un expediente paralizado que, según informó Semana, acumula dos años sin avances significativos.

Los hechos ocurrieron el 20 de mayo de 2014 en el campus universitario. Durante los disturbios, alguien lanzó aproximadamente 810 artefactos explosivos caseros, entre ellos papas bomba y artefactos con mensajes que hacían referencia al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Nueve policías del Esmad resultaron heridos con gravedad. En 2015, las autoridades capturaron a 13 personas, incluyendo funcionarios y contratistas públicos, por presunta participación en el ataque.

La investigación se basó principalmente en el testimonio de un vigilante que fue amarrado y amenazado durante los enfrentamientos, quien proporcionó registros fotográficos clave. Los análisis de la Fiscalía identificaron que los explosivos, con peso aproximado de ocho gramos cada uno, estaban compuestos por cloruro de potasio, aluminio y azufre. Entre los señalados está la abogada ibaguereña Paola Andrea Salgado Piedrahita, quien supuestamente transportó cerca de 800 papas bomba y coordinaba las acciones con otros detenidos como David Camilo Rodríguez Hernández, alias 'el Profe'.

El bloqueo comenzó el 24 de mayo de 2023, cuando la JEP rechazó definitivamente el sometimiento de los procesados. Desde entonces, el caso quedó en el limbo. El Juzgado Primero Especializado de Bogotá ha enviado al menos cinco solicitudes escritas entre febrero y abril de 2024 pidiendo claridad, pero la JEP informó que el expediente sigue bajo revisión en su Sección de Apelación sin actualizaciones desde enero de 2024.

Mientras la justicia se debate sin llegar a decisiones, los acusados mantienen su derecho a la presunción de inocencia y continúan sus labores en el sector público. Salgado Piedrahita, por ejemplo, trabaja desde agosto de 2025 en el Ministerio de Igualdad y Equidad en la Dirección para la Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres. Anteriormente había trabajado en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y en organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir.