El próximo domingo, los colombianos enfrentan una responsabilidad que trasciende lo electoral. Se trata de un momento para evaluar cuatro años de gobierno y tomar una decisión en las urnas que refleje ese veredicto. Pero aquí está el punto crítico: no se puede permitir que la apatía o la abstención trabajen a favor del oficialismo. Si la oposición no se moviliza masivamente, los incondicionales del Gobierno podrían llevarse la elección simplemente porque nadie más fue a votar.

Para que esto no suceda, se necesita una movilización monumental de ambos candidatos viables. El objetivo claro es llegar a una segunda vuelta electoral donde realmente exista competencia, más allá de cualquier interferencia indebida. Especialmente teniendo en cuenta que el candidato del Gobierno mantiene chances de ganar, en buena medida porque su campaña ha permanecido relativamente invisible.

Por eso el llamado es directo: no se puede votar en blanco, anular conscientemente el voto, ni dispersar el sufragio en candidatos sin posibilidades reales. Si alguien ha puesto atención a cómo ha funcionado este cuatrienio y a los resultados concretos en la vida diaria de la gente, la conclusión es clara: hace falta un cambio. Y ese cambio debe concretarse en las urnas como una verdadera sanción social.

Ahora bien, esto no significa que los ciudadanos deban conformarse simplemente. Las opciones de la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, no pueden ser rechazadas de plano solo porque provengan del establecimiento o por su historial profesional. Lo importante es votar con claridad de propósito.

La democracia permite dos tipos de voto igualmente legítimos. Está el voto positivo, cuando se elige a un candidato porque genuinamente le atrae su propuesta. Pero también existe el voto negativo, cuando se vota por alguien precisamente para evitar que otro llegue al poder. Ambos son válidos jurídicamente y democráticamente correctos. El voto de castigo, ese antivoto dirigido a frenar una tendencia indeseada, es una manifestación incluso de la perfección del sistema cuando funciona sin corruptelas.

Sin poder votar negativamente, solo en situaciones excepcionales podríamos ejercer este derecho fundamental, lo que contradice toda lógica de justicia. El pueblo colombiano, a diferencia de otros países como Perú, no está obligado constitucionalmente a votar. Pero ahora debe enfrentar su destino político mirando al pasado y decidiendo qué futuro quiere construir. En ocho horas de votación, ese destino se define.