Un docente de una institución educativa indígena en Pueblo Rico, Risaralda, fue destituido e inhabilitado por diecisiete años tras ser hallado responsable de abusar sexualmente de sus estudiantes. Maximiliano Queragama Baniama incurrió en actos sexuales con al menos cinco menores entre 2020 y 2022, según la decisión de la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda.

El Ministerio Público determinó que el profesor aprovechó su autoridad para cometer estas conductas de forma reiterada. No solo tuvo contacto inapropiado con las estudiantes, sino que también las expuso a material de contenido sexual y comportamientos abusivos dentro de la institución. La Procuraduría calificó estos actos como una falta disciplinaria gravísima, realizada de manera intencional. El proceso se adelantó con enfoque de género y consideró que las víctimas, al pertenecer a comunidades indígenas, merecen protección especial del Estado.

Pero este caso no es una excepción. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, cada día cincuenta niños, niñas y adolescentes en Colombia sufren violencia sexual. La realidad duele más cuando se ve el panorama completo: para el noventa y seis por ciento de ellas, la justicia nunca llega. Los agresores suelen ser personas cercanas, como familiares, docentes, vecinos, gente conocida. Para muchas víctimas, denunciar se convierte en una batalla contra el silencio impuesto por los adultos y contra instituciones que no actúan con la rapidez necesaria.

El tiempo también es un enemigo. En promedio, un caso de violencia sexual tarda siete años en resolverse. Para una niña o un niño, eso significa crecer asustado, sin saber si algún día habrá justicia, sin que nadie repare el daño que le hicieron.