Antioquia atraviesa una crisis de seguridad que tiene a las organizaciones defensoras de derechos humanos en alerta roja. La Fundación Sumapaz reporta que hasta el 6 de mayo de 2026 ya contabiliza 12 asesinatos de líderes sociales en el departamento, un número que refleja la vulnerabilidad de quienes trabajan por sus comunidades en primera línea.

Los homicidios no se concentran en una sola zona. Al contrario, están dispersos en varias subregiones de Antioquia: el suroeste, el nordeste, el norte y también en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Esta distribución muestra que la amenaza contra los liderazgos comunitarios se expande por todo el territorio antioqueño sin distinción clara de fronteras.

Las autoridades señalan que detrás de estos crímenes hay una razón que se repite en el país: las disputas entre estructuras armadas ilegales que buscan dominar territorios. Los líderes sociales terminan atrapados en esos enfrentamientos, no porque sean combatientes, sino simplemente por estar presentes en sus barrios y cumplir con funciones comunitarias. El caso más reciente ocurrió en Bello, donde una lideresa que ocupaba la vicepresidencia de la Junta de Acción Comunal fue atacada a bala por hombres que viajaban en motocicleta mientras acompañaba a su esposo.

Este problema antioqueño es apenas la punta del iceberg. En todo el país, hasta el 31 de marzo de 2026 ya se contabilizaban más de 30 líderes sociales asesinados. Mirado hacia atrás, la cifra se vuelve abrumadora: en la última década han matado alrededor de 1.600 líderes y lideresas sociales en Colombia, lo que significa más de 150 casos anuales en promedio.

Desde la Fundación Sumapaz hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales para que refuercen los esquemas de protección. Advierten que cada asesinato no solo representa una vida perdida, sino también el debilitamiento del tejido social en territorios donde estos liderazgos son fundamentales para que las comunidades puedan organizarse, participar en decisiones y defender sus derechos.