La Dirección Nacional de Inteligencia pidió este domingo que le aclaren qué pasó con la suspensión de uno de sus directivos. Se trata de Wílmar Mejía, quien también actúa como delegado del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. El asunto no es menor: Mejía está bajo investigación disciplinaria por presuntos favorecimientos a alias Calarcá, señalado como jefe de las disidencias de las Farc.

La historia viene desde noviembre. El 27 de ese mes, la Procuraduría ordenó suspender provisionalmente a Mejía por un término de tres meses mientras avanzaba la investigación. La medida fue confirmada el 23 de diciembre pasado por el viceprocurador general de la Nación. Eso significa que el tiempo ya se cumplió, pero aquí viene lo confuso: nadie sabe con certeza si la suspensión terminó de verdad o si fue prorrogada.

Por eso la DNI presentó una solicitud formal ante la Procuraduría pidiendo que le precisen la situación actual. Específicamente, quieren saber si la medida fue extendida según lo que establece el Código General Disciplinario, o si por el contrario ya hay una decisión final que cierre el caso, ya sea absolviendo a Mejía o archivando el proceso. Hasta ahora, la DNI dice que no ha recibido respuesta, y esa falta de claridad, según la entidad, "impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado".

Lo delicado de todo esto es que no se trata de cualquier funcionario. Mejía es un directivo de la entidad de inteligencia del país, vinculado a labores estratégicas. Y los señalamientos en su contra son graves: presuntos favorecimientos a un cabecilla de grupos armados disidentes. Eso explica por qué la DNI insiste en tener claridad y por qué esta situación genera tanta tensión institucional.

Mientras la Procuraduría no responda, Mejía queda en una especie de limbo administrativo. Nadie sabe si sigue suspendido, si puede volver a sus funciones normalmente, o si el proceso disciplinario llegó a algún desenlace que cambió su situación. La DNI ha reiterado su compromiso con la transparencia y el debido proceso, pero lo cierto es que sin una respuesta oficial, la incertidumbre persiste.