La Dirección Nacional de Inteligencia enfrenta su peor crisis en años. En tres años y medio del Gobierno de Petro, la DNI ha tenido cuatro directores diferentes, todos ellos rodeados de escándalos que revelan un patrón preocupante: el manejo de la inteligencia estatal parece responder cada vez más a intereses políticos que a criterios técnicos y profesionales. Lo que debería ser un blindaje del Estado se ha convertido en un engranaje desgastado, expuesto al escrutinio público y político en un momento especialmente delicado para el país.

Los casos son variados pero alarmantes. Jorge Lemus, exdirector, enfrenta investigación disciplinaria por haberse reunido con el abogado de alias "Papá Pitufo" y presuntamente ofrecerle beneficios que no le corresponde conceder. Wilmar Mejía pasó de ser director de Inteligencia Estratégica a encabezar la UIAF, la unidad encargada de combatir el lavado de activos, a pesar de estar investigado por presuntas filtraciones de información a disidencias de las Farc tras hallazgos en dispositivos incautados a "Calarcá". Antes estuvo Manuel Alberto Casanova, exguerrillero del M-19 que salió en febrero de 2024 tras cuestionamientos por falta de resultados operativos. Y antes de él, Carlos Ramón González, hoy asilado en Nicaragua luego de estar involucrado en el escándalo de la UNGRD con señalamientos de corrupción y sobornos a congresistas.

El denominador común es inquietante: cambios constantes, funcionarios sin experiencia específica en inteligencia, cuestionados judicialmente, y un sistema que lejos de fortalecerse, parece cada vez más vulnerable. Cuando Mejía fue nombrado en la UIAF hace poco, sorprendió incluso que la fiscal Luz Adriana Camargo hubiera informado a Presidencia que contra él habría pruebas graves. Aun así, el Gobierno lo respaldó.

En conversación con el medio que hizo esta investigación, Mejía fue directo sobre su relación con el poder: "Mi único jefe político, y espero que no se malinterprete, es el señor presidente de la República, nadie más". Una frase que más que tranquilizar, genera inquietud. Explicó que su nombramiento llegó sin intermediarios políticos, únicamente notificado desde Hacienda: "Me notificaron directamente de Hacienda: 'usted fue considerado, hay un decreto que lo van a firmar hoy'". Sobre los señalamientos de vínculos con "Calarcá", insistió: "Con Calarcá nunca tuve ningún relacionamiento". Y dejó clara su postura frente a las investigaciones: "La Fiscalía me tendrá que investigar. Me tiene que garantizar las condiciones para que yo me pueda defender. Ya tengo mi abogado y estamos en trámite. Me puse a disposición de la Fiscalía. También puse a disposición mi pasaporte y mis equipos técnicos, para que, cuando lo considere necesario, los utilice y los examine".

El experto en seguridad Yefrin Garavito advierte sobre lo que está en juego. "La DNI es una institución clave para el país; sin embargo, la exposición pública y las filtraciones hacen que se pierda la credibilidad en una agencia que debería proteger los intereses del Estado", señaló. El problema de fondo es que la inteligencia en Colombia siempre ha estado ligada al Ejecutivo por diseño institucional, pero cuando esa relación se mezcla con intereses políticos, la cosa se complica. "Históricamente depende del presidente de la República, pero cuando se vinculan temas políticos, la situación se vuelve más compleja", explicó.

Las consecuencias ya se ven. La pérdida de confianza en los informes de inteligencia puede afectar decisiones judiciales y militares. El caso del general Edwin Urrego es emblemático: fue destituido de inmediato por Petro después de ser señalado en un documento anónimo de la DNI de estar detrás de un supuesto plan para sembrarle droga en uno de sus viajes. Garavito advierte sobre este manejo de documentos sin verificar: "La Inteligencia debe verificar antes de hacer pública cualquier información. Difundir datos no corroborados puede generar crisis institucionales, afectar a las Fuerzas Militares y provocar escándalos mediáticos sin sustento real".

Hay otro aspecto que inquieta a los expertos: la predominancia de exintegrantes del M-19 en estos cargos clave. "La dirección puede terminar viéndose como un estamento político, ligado a un movimiento que en su momento fue perseguido por la inteligencia", explicó Garavito. El riesgo es claro: un deterioro en la confianza ciudadana y la sospecha de que el aparato estatal puede usarse para represalias, algo que este Gobierno ya ha enfrentado.

Con cuatro directores en tres años y medio, documentos anónimos que derriban altos mandos, investigaciones contra funcionarios clave que de todas formas reciben nuevos cargos, y una estructura cada vez más politizada, la Dirección Nacional de Inteligencia se aleja de lo que debería ser: un órgano técnico y confiable al servicio de la seguridad del Estado.