Desde que llegó a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la existencia de una Nueva Junta del Narcotráfico que, según su relato, orquesta la mayor parte del tráfico internacional de cocaína y ejerce control sobre grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. El mandatario incluso ha sugerido que esta supuesta organización estaría detrás de asesinatos de alto perfil, como el del senador Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, hay un problema: la Fiscal General Luz Adriana Camargo desmintió rotundamente esa narrativa. En entrevista con Blu Radio, Camargo fue tajante: "No hay ninguna evidencia, y nosotros hemos tratado de identificar, de acuerdo con los métodos investigativos que aplicamos, la existencia de una junta directiva del narcotráfico y no tenemos ninguna evidencia de que ella exista". Esta postura del ente acusador contradice frontalmente el discurso presidencial.

¿Qué hay realmente detrás de estas aseveraciones? EL COLOMBIANO investigó el tema con expertos, y la respuesta es más compleja de lo que suena. El investigador Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz, plantea un argumento sólido: la idea de una "Nueva Junta del Narcotráfico" no es nueva ni conceptualmente correcta. Aunque existen grandes articuladores del negocio ilícito, muchos de ellos son enemigos entre sí, lo que hace imposible imaginar una coordinación tipo "junta directiva". Lo que predomina, más bien, es un equilibrio pragmático basado en el "respeto mutuo" de los negocios para evitar conflictos directos. Arias lo describe de manera más precisa como un "portafolio de servicios criminales", donde los actores funcionan como gestores especializados que conectan rutas, grupos armados y mercados. "Son personas con décadas de experiencia que conectan rutas, grupos armados y mercados", explica, en un esquema que va desde la exportación de cocaína hasta la gestión de laboratorios y oficinas de cobro.

En ese entramado flexible, cualquiera que quiera operar debe negociar necesariamente con el Clan del Golfo, a quien Arias identifica como el principal articulador actual. Un rasgo importante del momento es el retorno de los llamados "viejos narcos": figuras que tuvieron protagonismo décadas atrás, fueron extraditadas o procesadas en Estados Unidos, y ahora regresan con mayor sofisticación. Estos sujetos combinan experiencia acumulada con redes internacionales y operan desde el exterior —España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos— para coordinar el negocio global. Lo interesante es que la propia Dirección Nacional de Inteligencia, en un documento conocido por EL COLOMBIANO, también reconoce que se trata de una red flexible, no de una estructura jerárquica. La DNI incluso realizó reuniones e indagaciones directas en el exterior —primero en Dubái, luego en España y Turquía— y llegó a la conclusión de que el sistema funciona mediante coordinaciones puntuales y acuerdos específicos, no como una pirámide de mando.

Una fuente de la DNI consultada bajo reserva fue aún más clara: la red "no se trata de una pirámide de mando tradicional, sino de un modelo de negocios" con roles específicos donde operan lo que llamaron "narcos de manos limpias" que trabajan a través de terceros. Algunos incluso habría adquirido compromisos con agencias internacionales para no enviar cocaína a Estados Unidos, explicando así la reorientación hacia Europa, Australia y Rusia. Las muertes, rivalidades y alianzas cambiantes entre figuras del negocio evidencian que no existe una "junta" cohesionada, sino un entramado fragmentado donde actores cooperan y compiten según sus intereses.

Hay una brecha importante entre lo que la inteligencia puede construir como hipótesis y lo que la Fiscalía puede probar en juicio. Organismos como la DNI pueden armar narrativas basadas en relaciones y contextos, pero la Fiscalía necesita pruebas concretas de coordinación para configurar delitos. Gerson Arias cuestiona el uso político de la narrativa de la "junta": a su juicio, esta insistencia cumple una función discursiva para explicar los límites de la política de "Paz Total" atribuyéndolos a poderes criminales ocultos. Es una forma de desculpabilidad que simplifica una realidad mucho más fragmentada y difícil de encasillar en categorías tradicionales.