Montería vivió nuevamente momentos de tensión este jueves cuando un grupo de capuchos se enfrentó con la Policía en inmediaciones de la Universidad de Córdoba, generando caos que se extendió por horas y dejó a cientos de personas atrapadas en medio del conflicto. La paciencia de muchos monterianos, que ya estaba desgastada por situaciones similares, volvió a ponerse a prueba.

Durante el incidente, buses de servicio público, motociclistas y conductores de vehículos particulares tuvieron que improvisar rutas alternas para esquivar la zona de enfrentamientos. El corredor vial que comunica el norte de la ciudad quedó temporalmente cerrado, obligando a desviar el tránsito hacia el Segundo Anillo Vial. La movilidad en uno de los sectores más importantes de Montería se vio severamente afectada.

Las autoridades atribuyeron los hechos a un grupo identificado como "Movimiento 8 y 9 de Junio", una organización que recientemente ha aparecido en el radar de los organismos de seguridad. Los enfrentamientos incluyeron lanzamiento de piedras, artefactos explosivos artesanales y otros objetos contundentes contra los uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Un policía resultó herido en uno de sus brazos tras la explosión de uno de estos elementos durante los tres horas que duraron los disturbios.

Más allá del impacto en el tránsito, los comerciantes de la zona reportaron pérdidas económicas significativas. Muchos establecimientos cerraron temporalmente sus puertas o vieron drasticamente reducida su actividad por el cierre de vías y el temor generado por los enfrentamientos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, dejó clara la posición de las autoridades: respetan el derecho a la protesta, pero advirtieron que lo ocurrido no corresponde a manifestaciones pacíficas sino a actos violentos que ponen en riesgo directo a la ciudadanía.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, crece la preocupación en la comunidad. Cada nuevo episodio genera mayores afectaciones para quienes estudian, trabajan o simplemente transitan por ese corredor. Para muchos monterianos, el debate ya no trata solo sobre el derecho a protestar, sino sobre cómo estos actos de violencia impactan la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de toda la ciudad.