El terror impuesto por las disidencias de las Farc llegó a Palmira con todo el peso de la intimidación. Un audio que circula en las veredas de la zona rural revela cómo la disidencia conocida como frente 'Adán Izquierdo' está obligando a campesinos, moradores y hasta turistas a participar en jornadas de trabajo forzado para construir vías. No es una invitación: es una orden acompañada de amenazas.

En la grabación, un hombre que habla a nombre del grupo es claro y contundente. "Esto no es un juego", dice, y reitera que "cuando nosotros mandamos un audio es para que se cumpla, no para que las personas piensen que es un juego". El mensaje es dirigido a varias veredas de la zona: Santa Teresa, Bolivia, La Quisquina, Agua Bonita, El Socorro, Calucet y Tenjo. La amenaza es específica y brutal: todos deben salir a trabajar a las 7 de la mañana sin excepción. "Entonces no queremos ver a nadie en las casas. Si hay cuatro hombres en las casas, cuatro salen", dice el audio. Ni siquiera permite que uno represente al hogar mientras los otros se quedan. La asistencia se firma en una planilla, y si alguien no aparece en ella, las consecuencias son severas.

El régimen de intimidación no es nuevo en la región. Hace dos años comenzó esta ola de terror que recuerda mucho lo que está pasando en Jamundí, otro municipio vallecaucano donde grupos armados han establecido un control similar. Las autoridades investigan la autenticidad del audio, pero el daño ya está hecho: campesinos y líderes comunitarios han sido asesinados en el último año por no cumplir o por resistirse a estas imposiciones.

La Defensoría del Pueblo ya lo había visto venir. En 2021 emitió una alerta temprana donde advirtió que la "compañía Adán Izquierdo" buscaba controlar los municipios del Valle del Cauca ubicados sobre la cordillera central para garantizar conectividad con Cauca, Tolima y Quindío. El panorama que pintó entonces es más oscuro aún: la Defensoría señaló que en esta zona ha mutado a un conflicto "híbrido" donde actúan disidentes de las Farc, narcotraficantes de bajo perfil, organizaciones de crimen organizado y grupos de delincuencia común que ofrecen sus servicios para sicariato, expendio de drogas e inteligencia.

La vulneración de derechos fundamentales es clara. El libre derecho a la movilidad, a vivir en paz en los predios propios, está siendo pisoteado por grupos armados. Trabajadores campesinos están siendo obligados a firmar asistencias tras labores de una o dos horas, con la espada de Damocles del desplazamiento forzado o la muerte sobre sus cabezas. Todo esto ocurre mientras el Estado mantiene una presencia institucional débil en estas zonas, lo que facilita que los grupos armados actúen sin mayor obstáculo.