En una trocha de barro y gasolina en la zona rural del Caquetá, Laura aprendió una lección que no olvidaría: en algunos lugares de Colombia, un carné comunitario vale más que la cédula de ciudadanía. Hace poco más de un mes viajaba en moto desde La Aguililla hacia Andes cuando fue detenida en un retén. Quienes la pararon no eran policías ni soldados, sino hombres uniformados de las disidencias de las Farc bajo el mando de Alexander Díaz, alias Calarcá, quien actualmente participa en conversaciones de paz con el Gobierno mientras continúa sus operaciones ilegales.

Lo que sucedió en ese retén levanta alarmas sobre cómo funcionan estas estructuras criminales en territorios donde el Estado apenas tiene alcance. Los uniformados pidieron carnés. Laura mostró el suyo, que estaba vigente. El interrogante que quedó flotando es qué hubiera pasado si no lo llevaba, o si el carné que le exigían era otro: uno de esos expedidos por las Juntas de Acción Comunal que, según investigaciones periodísticas, estarían siendo usados como herramientas de control por parte de estos grupos armados.

Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones comunitarias legales que actúan a nivel local en los municipios colombianos. Pero en zonas donde la presencia estatal es débil, estos espacios aparentemente han sido capturados o cooptados para funcionar como registros paralelos al Estado. Los carnés que expiden tienen un peso real en los retenes de los grupos ilegales: actúan como salvoconductos que identifican a quién pertenece o es afín al territorio controlado por estos actores.

Lo preocupante es que esto muestra cómo las disidencias no solo usan la violencia para gobernar, sino que construyen estructuras administrativas que simulan legitimidad. Al instrumentalizar instituciones comunitarias como las Juntas, logran que los civiles adopten estos documentos como válidos, creando un sistema de control que se naturaliza en la vida cotidiana de quienes viven bajo su dominio.

El caso de Laura en Caquetá no es aislado. Refleja una realidad más amplia: en varios departamentos del país, estos grupos han penetrado las estructuras locales para ejercer dominio territorial mediante métodos que van más allá del puro control armado. Es un tipo de administración de facto que preocupa a las autoridades y muestra la sofisticación con la que operan estos grupos en regiones donde llevan años establecidos.