La seguridad de los líderes sociales en Norte de Santander enfrenta un golpe duro. Hombres armados interceptaron y robaron tres camionetas que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tenía asignadas para proteger a activistas en la región. Los ataques ocurrieron en lugares diferentes pero con un modo de operación similar que lleva a pensar que podrían estar coordinados.

Los robos se registraron en tres puntos del departamento: Ocaña, Sardinata y la vereda La Tarrita, en la vía hacia Pozo Azul. En total desaparecieron dos camionetas blindadas y una convencional. Los vehículos pertenecían a Arturo Garavito, Luis Jesús Prada y Gabriel Ángel Quintero, líder de restitución de tierras en la zona. Durante los ataques, los agresores obligaron a descender a los ocupantes de los vehículos y se los llevaron. Las autoridades también investigan si los atacantes se apropiaron de las armas que portaban los escoltas.

Todo indica que las disidencias armadas que operan en esa región serían las responsables. Según informó El Tiempo, estos grupos acostumbran a robar vehículos de este tipo para desplazarse por zonas de difícil acceso y, en algunos casos, para alimentar redes de tráfico ilegal que incluso llegan más allá de las fronteras del país.

La UNP ya activó los trámites para reemplazar las camionetas robadas y así poder restablecer los esquemas de protección de estos líderes. Sin embargo, la entidad enfrenta un problema mayor que pone en riesgo la continuidad de todos sus servicios. Recientemente se conoció que la UNP tiene una deuda de aproximadamente 400 mil millones de pesos con las empresas que alquilan los vehículos usados para proteger a funcionarios, líderes sociales, exmandatarios y otras personas amenazadas. Los atrasos en los pagos vienen acumulándose desde finales de 2025, una situación que complica la capacidad de la entidad para mantener sus operaciones.