Antioquia está en vilo. El departamento reporta una nueva estrategia de control territorial por parte de grupos armados ilegales, justo en medio del período electoral. Esta vez el foco está en dos municipios del occidente: Campamento y Angostura, donde comunidades denuncian presiones del Frente 36 de las disidencias de las Farc para obligar a la población a tramitar un documento de identificación bajo amenaza de expulsión.

Según los reportes, el pasado domingo 14 de junio se llevaron a cabo reuniones en zonas rurales convocadas a través de mensajes instantáneos. Allí, bajo órdenes atribuidas al cabecilla alias 'Primo Gay' y ejecutadas por alias 'Pimpón', se impartieron instrucciones sobre un proceso de carnetización obligatoria. Los pobladores recibieron la orden de que quienes no obtengan este documento antes del 1 de julio de 2026 deberán abandonar sus comunidades. A quienes se encuentren fuera del territorio se les impediría el regreso. Analistas locales interpretan que se trata de un mecanismo para ejercer control poblacional estricto e identificar el flujo de personas en áreas donde este grupo busca mantener su dominio frente a otros grupos armados.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se desplazó personalmente a Campamento para atender las preocupaciones de los ciudadanos. El mandatario confirmó que los hechos fueron reportados a las autoridades judiciales y que se ha reforzado la presencia militar en la región. "Contamos con el despliegue de más de 15.000 uniformados entre policías y soldados en todo el departamento, con el objetivo de asegurar la libre participación de los ciudadanos en las elecciones del próximo domingo y evitar la interferencia de grupos al margen de la ley", manifestó Rendón.

Simultáneamente a estas reuniones de control poblacional, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército reportaron hostigamiento en la misma zona. El ataque incluyó lanzamiento de artefactos explosivos desde drones, pero no dejó militares heridos porque los elementos cayeron lejos de las posiciones de los uniformados. Las autoridades investigan si esta acción fue un movimiento de distracción para facilitar las actividades ilegales.

El panorama se repite en otras zonas de Antioquia. En Segovia y Remedios, en el Nordeste del departamento, habitantes reportan presiones similares. Aunque no se han documentado órdenes sobre preferencias por candidatos específicos, grupos armados estarían exigiendo a los civiles mostrar el certificado electoral de la jornada del 21 de junio como requisito para circular por vías terciarias después de las votaciones. Es una forma más de ejercer control sobre la población civil.