La violencia que se creía controlada en Jamundí resurge con una intensidad preocupante. Apenas en la tercera semana de febrero de este año, las disidencias de las Farc ejecutaron ataques coordinados con drones y explosivos en zonas rurales como Guachinte y Timba, municipios que comunican directamente con el departamento del Cauca. Lo que alarmó más a las autoridades no fue solo la magnitud de los ataques, sino lo que revelaban: una estrategia calculada para consolidar el poder territorial en una región clave.

Jamundí se ha convertido en el campo de batalla donde confluyen los intereses de múltiples actores criminales. Su ubicación geográfica la convierte en una bisagra estratégica entre el Valle y el norte del Cauca, con acceso directo hacia El Naya, la ruta más codiciada para sacar droga hacia el Pacífico. Precisamente por esto, cuando la Fuerza Pública intenta consolidar presencia en la zona, los grupos ilegales responden con violencia. Stuart León, analista en seguridad, explica que estos ataques no son casuales: "Cada vez que la Fuerza Pública incrementa operaciones o busca consolidar presencia en zonas rurales de Jamundí, las estructuras ilegales reaccionan con ataques que buscan tres objetivos: demostrar capacidad ofensiva, intimidar a la población civil y enviar un mensaje de que siguen teniendo control en el área, más aún cuando estamos en época electoral", aseguró.

El robo de 17 camionetas de alta gama en la Panamericana el 15 de enero, atribuido a la estructura Jaime Martínez de las disidencias, ilustra la sofisticación de estas operaciones. Al menos 15 hombres armados interceptaron dos vehículos tipo niñera, desarmaron a los conductores y se llevaron los automotores. Lo preocupante es que desaparecieron sin dejar rastro durante dos semanas, solo para reaparecer vacíos en zona rural. Según el general retirado Pablo Federico Przychodny Jaramillo, esto forma parte de una estrategia táctico-militar más amplia. Esos vehículos de lujo podrían utilizarse para movilizar cabecillas, suplantaciones de esquemas de seguridad o incluso movimientos encubiertos que imiten a la Fuerza Pública.

Más allá de los ataques armados, existe un drama silencioso que afecta a los civiles. El incremento de extorsiones, reclutamiento forzado de menores en escuelas y la intimidación sistemática revelan una estrategia de control social que va más allá de la confrontación militar. "El incremento de extorsiones y el reclutamiento indica fortalecimiento financiero y expansión estructural. Cuando un grupo aumenta la presión económica sobre comerciantes y campesinos, y al mismo tiempo recluta menores o jóvenes, lo que está haciendo es asegurar sostenibilidad en el tiempo", señaló León. Este modelo de cobro, intimidación y expulsión de la institucionalidad afecta no solo la seguridad, sino la gobernabilidad rural completa.

Desde la administración del Valle del Cauca, el secretario de Seguridad Guillermo Londoño reconoce la gravedad de la situación. Aseguró que el departamento mantiene despliegue de tropas con Corredores Seguros, vigilancia con drones tipo Raptor y patrullajes focalizados de la Tercera Brigada en zonas prioritarias. Sin embargo, analistas coinciden en que las operaciones reactivas no son suficientes. León enfatiza que se requiere "una respuesta integral, presencia militar sostenida, la construcción del batallón de alta montaña, fortalecimiento de inteligencia, judicialización efectiva y protección real a la población civil".

La complejidad topográfica de la zona montañosa de Jamundí ha dificultado históricamente las operaciones contra estas estructuras. Mientras la Fuerza Pública intenta recuperar territorios, los grupos ilegales se adaptan, cambian de tácticas y encuentran nuevas formas de consolidar dominio. Lo que está en juego va más allá del control territorial: es el futuro de gobernabilidad, seguridad y confianza de miles de vallecaucanos que hoy transitan estas rutas con altos niveles de incertidumbre.