A días de la segunda vuelta presidencial, han salido a la luz denuncias alarmantes sobre presiones que estarían ejerciendo integrantes de una estructura disidente de las Farc en zonas de Nariño. Según circula en redes sociales, un audio de supuestos integrantes del grupo armado revelaría órdenes dirigidas a pobladores de la subregión de La Cordillera para que participen en las elecciones, bajo amenaza de sanciones económicas.

De acuerdo con el contenido del mensaje, la organización ilegal habría ordenado la suspensión anticipada de algunas actividades laborales para facilitar que la gente pueda desplazarse a votar en municipios lejanos. Pero la parte más preocupante es que se advierte sobre multas a quienes decidan no participar en la jornada electoral, con restricciones dirigidas principalmente a trabajadores agrícolas y sus patrones. El audio también menciona que servicios como transporte público, comercios y restaurantes funcionarían normalmente durante esos días.

El Partido Conservador alzó la voz frente a estas revelaciones. A través de un comunicado, manifestó su inquietud por lo que considera una interferencia de grupos armados ilegales en el proceso electoral. El partido señaló que existen alertas sobre situaciones similares en varias regiones: Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Chocó, donde se habrían reportado amenazas, presiones contra votantes y mecanismos de control ilegal del sufragio.

En respuesta, la colectividad conservadora hizo un llamado directo al Gobierno nacional, a los organismos de control, a las autoridades electorales y a la comunidad internacional para que refuercen las medidas de vigilancia y seguridad. El objetivo es claro: garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, sin intimidaciones. El partido insistió en que cualquier señal de intimidación o intervención de grupos armados debe ser investigada a fondo para preservar la transparencia y legitimidad de los comicios presidenciales.