En Ituango, municipio del norte de Antioquia, la violencia armada vuelve a cobrar un precio alto sobre quienes intentan servir a sus comunidades. Apenas 48 horas después de que se realizaran las elecciones de las Juntas de Acción Comunal el pasado 26 de abril, un líder comunitario fue desplazado de manera forzada. Según reportes de la propia comunidad, el hombre recibió amenazas directas de las disidencias del Frente 18 de las FARC que lo obligaron a abandonar inmediatamente su territorio.

Lo más preocupante es que este caso no sería aislado. Las comunidades rurales del municipio han reportado intimidaciones similares contra otros líderes que resultaron electos o que ocupan cargos directivos en las veredas. Esta ola de presión busca, según denuncias de los habitantes, desarticular las formas de organización local y silenciar a quienes actúan como puente entre el Estado y la población rural.

Los portavoces de las comunidades han expresado su desesperación ante el riesgo constante de ejercer liderazgo social en el territorio. El miedo se ha apoderado de tal manera que la gente se niega a integrar las Juntas de Acción Comunal por temor a represalias contra sus vidas y las de sus familias. Esta violencia forma parte de una ola más amplia que azota todo el norte de Antioquia, donde los grupos armados ilegales mantienen un control territorial que sigue dejando víctimas.

Ante la gravedad de los hechos, los habitantes de Ituango exigen a las autoridades civiles y militares garantías de protección reales y efectivas. Advierten que si continúa esta presión armada, las comunidades quedarán totalmente desprotegidas y sin capacidad de organizarse por sí mismas, profundizando así el abandono estatal en estas zonas del país.