En medio de la crisis humanitaria más profunda que vive el Cauca en años, las disidencias de las Farc presuntamente vinculadas al Estado Mayor Central lanzaron un pronunciamiento en el que culpan directamente a la administración de Gustavo Petro por la reciente ola de violencia que azota la región. Según el grupo armado, el Gobierno Nacional ha renunciado a su autonomía para "someterse a las directrices del Pentágono", justificando así su propio accionar violento.

El contexto que rodea estas acusaciones es desgarrador. Hace poco, un atentado terrorista en la vía Panamericana a la altura de Cajibío cobró la vida de 21 civiles e hirió a decenas más. El hecho ha sido catalogado como una de las peores masacres registradas en la región en los últimos años, profundizando aún más la crisis que vive este corredor vial, considerado el más importante del sur del país.

En su comunicado, la estructura criminal intenta deslegitimar la respuesta estatal frente a los enfrentamientos. Según la narración que proponen, la postura del presidente Petro y la ofensiva militar de la Fuerza Pública responderían a intereses extranjeros más que a la protección real de los civiles. De esta manera, el grupo armado busca trasladar la responsabilidad de sus ataques al Estado.

Mientras esto sucede, la población civil del suroccidente permanece atrapada entre dos fuegos. La comunidad sigue siendo el blanco principal de los explosivos y los retenes ilegales que imponen las disidencias. El atentado en la Panamericana generó un rechazo unánime en el país, y aunque el Gobierno mantiene la presión militar para recuperar el control territorial, la seguridad en la zona parece estar completamente desbordada. Los caucanos siguen pagando el precio más alto de este conflicto armado que no da tregua.