En el norte de Antioquia se investiga una campaña de intimidación electoral. Autoridades revisan mensajes que circulan por WhatsApp entre líderes sociales y campesinos de municipios como Angostura y Campamento, presuntamente enviados por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc relacionados con la segunda vuelta presidencial.

El contenido del mensaje es contundente y preocupante. El grupo armado ordena a los habitantes de territorios bajo su control que presenten el certificado electoral una vez termine la jornada de votación. Pero hay más: el comunicado amenaza con sanciones a quienes no voten sin una justificación que el grupo considere válida. Además, prohíbe cualquier actividad de campaña a favor de lo que ellos califican como "ultraderecha".

Según fuentes judiciales citadas en la denuncia, estos mensajes provendrían del frente 36, una estructura que forma parte del bloque Magdalena Medio de las disidencias comandadas por alias "Calarcá". Se trata de un patrón que ya había preocupado a las autoridades locales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya había puesto el grito en el cielo sobre esta situación. Antes de conocerse estos mensajes, él advertía que grupos armados ilegales estaban ejerciendo presiones sobre la población en varias zonas del departamento, una realidad que directamente afecta la libertad de los ciudadanos para participar en los procesos electorales sin coacción.