Las disidencias de las Farc han impuesto en los territorios que controlan un sistema de regulación social tan particular como inquietante. Documentos incautados por autoridades y revelados por El Tiempo muestran órdenes explícitas dirigidas a las juntas de acción comunal para que supervisen el movimiento de trabajadoras sexuales en áreas rurales, una medida que ilustra el nivel de intrusión que estos grupos ejercen sobre la vida cotidiana de los civiles.

En los papeles encontrados a las facciones comandadas por Alexánder Díaz Mendoza, conocido como "Calarcá", y Néstor Vera Fernández, alias "Iván Mordisco", los criminales establecen normas detalladas. Respecto a las trabajadoras sexuales, el documento señala que "para el caso de las trabajadoras sexuales, debe existir un control por parte de las juntas de acción comunal, cada trabajadora debe presentar su carnet de control médico general por lo menos 5 días antes de su llegada". Además, advierte que "queda prohibido desplazarse por el territorio o fuera de su lugar de trabajo, de lo contrario, serán multadas y sancionadas".

Pero el control va más allá. Estos grupos también están usando estrategias para influir en procesos electorales. Ofrecen recompensas de 10 millones de pesos a líderes sociales que movilicen votaciones en masa a favor de candidatos de su preferencia. Esta práctica la implementaría la estructura conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de "Calarcá" que desde octubre de 2023 está en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Su alcance se extiende por veredas de Caquetá, Meta, Guaviare, Antioquia y Tolima.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, encendió las alarmas la semana pasada al denunciar lo que él califica como un fenómeno de constreñimiento electoral sin precedentes. Aseguró que "la situación está desbordada de manera descarada, en especial por los actores que están sentados en la mesa de diálogo, que ejercen presión sobre las comunidades para que depositen su voto por un candidato a la Presidencia específico. Esa es una realidad que no se puede tapar".

Los métodos de coacción electoral son abiertamente intimidantes. Según Ruiz, "lo que está diciendo la gente es que tiene que tomarle la foto al voto y mostrársela a un delegado que ellos (los delincuentes) han puesto para verificar ese voto. Estamos ante una expresión nunca antes vista de constreñimiento electoral". Las iglesias cristianas también han sido víctimas de estas presiones. Ruiz comentó que "me llamaron unos líderes religiosos bastante asustados, los obligan a pasar una relación (listado) de todos los feligreses, porque la estructura armada de 'Calarcá' sospecha que las iglesias cristianas están incumpliendo la orden que ellos han dado".