En zonas rurales de Meta, Guaviare y Caquetá está ocurriendo algo que preocupa a las autoridades: grupos armados disidentes de las Farc están cobrándoles a los campesinos por un carné que no existe. Según denuncias conocidas en un consejo de seguridad realizado en el Meta, estos grupos vinculados a alias "Calarcá" e "Iván Mordisco" cobran entre 100 mil y 250 mil pesos a cambio de entregarles un documento ilegal que supuestamente les permitiría vivir o moverse sin problemas por esos territorios.

Para quienes se niegan a pagar, las consecuencias podrían ser serias. Las autoridades advierten que quienes no tengan este documento corren el riesgo de enfrentar dificultades para desplazarse o recibir amenazas directas de estos grupos. Así de simple: es un mecanismo para extraer dinero de la población rural, pero también para ejercer control sobre ella.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, confirmó que estas situaciones no son nuevas. Según ella, vienen ocurriendo desde hace varios meses en distintas zonas rurales de la región. Lo alarmante es que esto se acompaña de panfletos y mensajes de amenaza relacionados específicamente con las elecciones, lo que da pistas sobre los verdaderos objetivos detrás de esta práctica.

Las fuerzas de seguridad ven esto como mucho más que simple extorsión. Consideran que se trata de una estrategia deliberada para controlar a la población campesina e influir en el ambiente político antes de las votaciones del 31 de mayo. En otras palabras: estos grupos no solo quieren dinero, sino también poder sobre las decisiones electorales en sus territorios.

Estas denuncias se suman a otras alertas que políticos y autoridades han hecho sonar en las últimas semanas sobre presiones de grupos armados en distintas regiones del país durante la campaña electoral. Por ahora, los organismos de seguridad siguen investigando para esclarecer la magnitud de lo que está pasando en el terreno.