A dos semanas de que los colombianos acudan a las urnas, las alarmas sonaron en el Meta y el Guaviare. Autoridades civiles y militares se reunieron en un consejo de seguridad donde dieron a conocer un problema que inquieta a más de uno: los grupos disidentes de Farc estarían realizando una carnetización ilegal de ciudadanos en las áreas rurales. No se trata de un simple registro administrativo. Según los funcionarios, detrás de esto está el intento de controlar a la población y, eventualmente, manipular sus votos.

El general Eric Rodríguez, jefe de operaciones del Ejército, fue claro al respecto. Señaló que principalmente en el Guaviare, donde operan las Farc de Calarcá y de Mordisco, "se tiene evidencia de información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos". El militar explicó que el Ejército ha estado contrarrestando estas acciones y mencionó que en los últimos meses han conseguido resultados visibles, incluyendo bombardeos que han afectado significativamente a estos grupos en ambos departamentos.

La gobernadora del Meta, Rafael Cortés, complementó la alerta. Explicó que la carnetización ilegal estaría directamente ligada al constreñimiento electoral, es decir, a obligar a la gente a votar de cierta manera. Según ella, hace meses empezaron a circular panfletos en zonas rurales pidiendo a los habitantes que se inscribieran para participar en las elecciones presidenciales. "Ya lo denunciamos en un comité en la Gobernación del Meta, no se dijo por qué candidato, pero eso ya viene sucediendo", expresó Cortés, quien insistió en que "desafortunadamente, la carnetización en zonas rurales del departamento" es una realidad preocupante.

Este consejo de seguridad fue convocado en medio de una tragedia electoral. Días antes, Rogers Mauricio Devia, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña en el Meta para el candidato Abelardo de la Espriella, fue asesinado junto con su secretario de Gobierno, Éder Fabián Cardona, en un ataque armado cuando se movilizaban en motocicleta. Los hechos intensificaron las preocupaciones sobre la seguridad en el proceso electoral en estas regiones.

Como respuesta, las autoridades tomaron medidas concretas. Aumentaron la recompensa a 100 millones de pesos por información que lleve a identificar y capturar a los responsables del crimen. Además, decidieron reforzar las operaciones conjuntas entre el Ejército, la Policía, la Fiscalía y organismos de inteligencia. También se concretó que el Ejército Nacional recibirá 12 motocicletas para intensificar los patrullajes en zonas rurales y los controles en corredores considerados estratégicos.