Las autoridades investigan la circulación de un mensaje que circula a través de WhatsApp entre líderes comunitarios y campesinos de municipios como Angostura y Campamento, en el norte de Antioquia. El texto estaría siendo difundido por el frente 36 de las disidencias de las Farc, una estructura que hace parte del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, y supuestamente también habría llegado a otras poblaciones donde opera este grupo armado.

En la comunicación, el grupo presiona a los habitantes de zonas bajo su control para que participen en la votación prevista para el 21 de junio y después presenten el certificado electoral que lo compruebe. Según lo advertido, quienes no voten tendrían que justificar su ausencia ante la organización armada, con el riesgo de enfrentar sanciones si sus explicaciones no son consideradas válidas por los disidentes.

Pero las amenazas van más allá del voto obligado. El frente 36 también incluye restricciones políticas en su mensaje: prohíbe actividades de campaña y apoyo a sectores que identifica como la "ultraderecha". Quien incumpla esa orden será señalado como responsable ante la organización, lo que deja implícita la amenaza de represalias.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya había alertado sobre estas presiones de grupos armados ilegales en zonas rurales, denunciando que buscan intimidar a los ciudadanos e interferir en el libre ejercicio del voto. Las preocupaciones sobre constreñimiento electoral no son exclusivas de Antioquia: autoridades regionales en Caquetá, Meta, Guaviare y Tolima también han reportado prácticas similares atribuidas a estructuras armadas ilegales en sus territorios.