En Caquetá está ocurriendo algo que autoridades califican como inédito en materia de violencia electoral. La disidencia de las Farc liderada por Alexánder Díaz Mendoza, conocido como "Calarcá", está obligando a los votantes a fotografiar sus tarjetones electorales para posteriormente mostrárselos a delegados armados que verifican por quién emitieron su voto. Es una forma extrema de constreñimiento, donde la libertad de elegir se reduce a seguir órdenes impuestas por la fuerza.

El gobernador Luis Francisco Ruiz expuso la gravedad de la situación ante las cámaras después de recibir denuncias de líderes sociales y religiosos. "Ese es un hecho cierto, así a través del Gobierno Nacional no lo quieran reconocer. La situación está desbordada de manera descarada, en especial por los actores que están sentados en la mesa de diálogo, que ejercen presión sobre las comunidades para que depositen su voto por un candidato a la Presidencia específico. Esa es una realidad que no se puede tapar", denunció el mandatario departamental.

Las amenazas han evolucionado de manera preocupante. Hace poco más de una semana, quien no votara por el candidato preferido por Calarcá debía pagar una multa de 2 millones de pesos. Ahora la orden cambió: cualquiera a quien el grupo sospeche que votó por alguien diferente será expulsado de la región. Además, líderes religiosos reportan que la estructura armada está pidiendo listas completas de feligreses porque sospecha que las iglesias cristianas están desobedeciendo sus directrices.

El general Hugo Alejandro López, comandante general de las Fuerzas Militares, reconoció haber recibido la denuncia del gobernador. "Sí recibimos la denuncia del señor gobernador, las autoridades regionales ya están enteradas de esta situación, justamente la Fuerza Pública está orientada para que contrilla (se oponga) a quien quiera vulnerar a la población civil", manifestó en una rueda de prensa. Sin embargo, aclaró que "hay una prohibición de usar las cámaras del teléfono en los puestos de votación. Solo se puede usar el celular para mostrar su cédula digital".

Ruiz criticó que el Gobierno Nacional no reconozca la magnitud del problema. Señaló que mientras autoridades nacionales hablan de tres actores generadores de violencia, nadie menciona a la estructura de Calarcá, que según el gobernador es el principal responsable de hechos violentos en Caquetá. El mandatario pidió que desde el Ministerio de Defensa entiendan realmente qué está sucediendo en el territorio.

El problema no es solo de Caquetá. Autoridades regionales de Antioquia, Meta y Guaviare también han denunciado campañas de presión electoral por parte de grupos armados para favorecer a candidatos específicos. Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico en la segunda vuelta presidencial, ha rechazado estas prácticas y solicitado a la Fuerza Pública que intervenga para mitigar la presión ilegal sobre los electores.