Las tensiones internas del Gobierno Nacional llegaron a un punto de quiebre público esta semana con un enfrentamiento directo entre dos funcionarios sobre asuntos de seguridad. En el centro está Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, quien había denunciado estar siendo perseguida sistemáticamente y señaló que le habían retirado su dispositivo de protección como parte de ese plan.

Ante estas acusaciones, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), salió a defender públicamente la gestión de su entidad. El funcionario fue claro: "No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida". Explicó que desde el momento en que Angie Rodríguez asumió su nuevo cargo el 23 de enero de 2026, la UNP actuó con rapidez.

Apenas cinco días después de asumir como directora del Fondo de Adaptación, el 28 de enero, la entidad de protección le otorgó mediante resolución un esquema que incluye vehículo blindado, escoltas y chalecos antibalas. Rodríguez enfatizó que este dispositivo es equivalente en tamaño y capacidad al que disfruta la mayoría de los ministros del gabinete y sigue vigente.

Lo que hace más sorpresiva la denuncia es que entre la UNP y el Fondo de Adaptación existe un convenio especial valorado en 250 millones de pesos. Según el director de la UNP, este acuerdo garantiza incluso apoyos adicionales para los desplazamientos de Angie Rodríguez en las regiones, beneficios que van más allá de lo que normalmente reciben los funcionarios públicos del sector.

La polémica también tocó otro tema relacionado. Angie Rodríguez había cuestionado la rapidez con la que la UNP asignó un esquema de protección a Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior. Frente a esto, Augusto Rodríguez aclaró que el nombramiento cumplió con todos los procedimientos administrativos correspondientes en su momento.

Mientras Angie Rodríguez mantiene su versión sobre una supuesta vulnerabilidad de seguridad, la UNP respalda su actuación con resoluciones y cifras, manteniendo la posición de que ha cumplido adecuadamente con la protección que la funcionaria requiere.