Lo que empezó como una parranda vallenata dentro del pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí terminó generando una avalancha de investigaciones disciplinarias que sigue creciendo.

La Procuraduría General confirmó que el director del penal, Édgar Iván Pérez Ortega, ahora enfrenta una indagación formal por su responsabilidad en la fiesta del pasado 8 de abril. En esa ocasión, el cantante Nelson Velásquez actuó para líderes de las bandas criminales más peligrosas del Valle de Aburrá, quienes aprovecharon para celebrar mientras la cárcel se convertía en una sucursal del Festival Vallenato. Con esta apertura de investigación contra el director, ya son 13 los funcionarios públicos bajo la lupa del ente de control.

Pero el asunto no se limita solo a permitir la fiesta ilegal. Según la Procuraduría, la indagación contra Pérez Ortega también señala una presunta maniobra para beneficiar a sus allegados. Los investigadores detectaron irregularidades en la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa de 2026, donde habría "modificaciones informales" que ignoraron las órdenes directas del Inpec.

Mientras el control en los pabellones se relajaba para dejar entrar música en vivo y licor, la administración del penal aparentemente estaba reajustando horarios de manera irregular. Para la Procuraduría, esto constituye una falta grave a los deberes funcionales de quien dirige la institución.

Los videos que circularon en redes sociales fueron determinantes. En las grabaciones se veía claramente a internos de alta peligrosidad celebrando con equipos de sonido y botellas de licor. Esa evidencia fue la que llevó a la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia a intensificar la investigación.

Mientras tanto, 12 funcionarios adicionales, entre tenientes, intendentes y dragoneantes, ya fueron suspendidos provisionalmente de sus cargos. Ahora la indagación busca establecer si el director y su equipo permitieron deliberadamente que los internos más peligrosos recuperaran el control del penal, lo que vendría a cuestionar seriamente la autoridad del Estado en uno de los centros de reclusión más vigilados del país.