El tránsito departamental está tocando fondo. Tanto es el caos administrativo y vehicular que un grupo de diputados decidió presentar una solución radical: transformar el organismo en una empresa de economía mixta que permita la entrada de capital privado. La iniciativa ya está siendo estudiada por la comisión segunda de la Asamblea y cuenta con el apoyo de Olimpo Núñez, Jimmy Boscán, Arnoldo Marulanda y el mismísimo presidente de la corporación, Reinaldo Barros.

El diputado ponente Jorge Suárez Buitrago no dudó en explicar el trasfondo de la propuesta. "El tránsito está colapsado y la secretaría no tiene capacidad financiera ni operativa para sostener la institución por sí misma", afirmó. Según su argumento, la medida responde a una solicitud directa del gobierno departamental. La idea es que al asociarse con socios privados se logren inyectar recursos frescos, mejorar la infraestructura tecnológica y optimizar lo que reciben los ciudadanos en la prestación del servicio.

Reinaldo Barros, desde la presidencia de la Asamblea, fue enfático en respaldar la urgencia del cambio. "La entidad necesita este cambio estructural para superar la crisis crítica que atraviesa. No podemos seguir con un modelo agotado que no da abasto", expresó. Para Barros, la propuesta no significa regalar el servicio a particulares, sino hacer una alianza estratégica que rescate un servicio público esencial.

Pero no todos ven con buenos ojos esta solución. El diputado Luis Fernando Lobo levantó la voz en contra con argumentos que inquietan. Según su análisis, bajo este modelo el sector privado terminaría con el control del recaudo y la gestión financiera. Lo que más le preocupa es que la mayoría de las acciones quedarían en manos del capital privado, dándole poder total en las decisiones operativas. "El representante legal sería elegido por la asamblea de accionistas, donde el sector privado tendría el control absoluto. Esto vulnera el principio de que una entidad pública no puede ser dominada por intereses particulares", advirtió Lobo.

El pulso sigue en la Asamblea. Mientras los impulsores de la ordenanza ven en la alianza público-privada la única vía para descongestionar el caos vehicular y modernizar el organismo, los críticos advierten sobre lo que podría ser una privatización encubierta de recursos que son de todos. La decisión final, que probablemente requerirá un análisis más profundo sobre cuántas acciones iría cada sector, podría cambiar completamente la cara del tránsito departamental.