El presidente Gustavo Petro está en la mira de diez investigaciones por presunta participación en política, un tema que vuelve a prender las alarmas sobre los límites constitucionales que enfrentan los jefes de Estado cuando se involucran en campañas electorales. Los casos más recientes incluyen declaraciones del mandatario donde se refirió a Iván Cepeda como candidato del oficialismo, comparándolo incluso con el presidente francés Emmanuel Macron. "Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real", expresó Petro recientemente.

Otro proceso está directamente relacionado con un mensaje que Petro publicó en X el pasado domingo acompañando el cierre de campaña de Cepeda en Barranquilla. En esa publicación escribió: "Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario". La publicación no pasó desapercibida para sectores opositores. La senadora Angélica Lozano ironizó: "¿Participación en campaña presidente? No lo puedo creer", mientras que el senador electo Andrés Forero fue más directo: "Petro viola la ley sin pudor alguno".

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara anunció esta semana la apertura de indagaciones de oficio por estas declaraciones y publicaciones. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es cuán efectivas pueden ser realmente estas investigaciones. En la práctica, el avance es limitado. La Comisión tiene la capacidad de abrir investigaciones preliminares, practicar pruebas y formular eventuales acusaciones ante la Cámara, pero la realidad es que estos procesos típicamente se extienden durante años y casi nunca resultan en sanciones políticas o penales concretas contra dignatarios de alto rango. De hecho, la Comisión carga desde hace décadas con el apodo popular de "Comisión de Absoluciones" justamente porque muy pocos casos prosperen en su contra.

El obstáculo principal es político. Los integrantes de la Comisión responden a las mayorías y minorías del Congreso, lo que significa que cualquier investigación contra el presidente se convierte inevitablemente en una disputa atravesada por cálculos partidistas. En el caso de Petro, el oficialismo aún mantiene suficiente influencia dentro del Congreso, mientras que la oposición busca acelerar los procesos antes de que termine el actual período presidencial. Esta tensión explica por qué incluso cuando se abren expedientes que generan mucho impacto mediático, los procedimientos avanzan lentamente entre recusaciones, repartición de expedientes y discusiones sobre trámites.

La apertura de estas investigaciones llega precisamente en el tramo final del mandato de Petro, reviviendo una vieja discusión sobre la verdadera capacidad de la Comisión para producir decisiones de fondo contra un jefe de Estado en ejercicio. El tiempo y la composición política del Congreso serán determinantes en si estos diez procesos avanzan hacia algo concreto o simplemente se pierden en los laberintos procedimentales de la maquinaria legislativa colombiana.