Un grupo reducido de funcionarios de la Presidencia recibió una citación urgente a medianoche el 8 de enero para aprobar un contrato millonario. La prisa era evidente: había que firmar antes del 30 de enero, cuando entraría en vigencia la Ley de Garantías que prohíbe los contratos directos durante período electoral. El objetivo era transferir 10 mil millones de pesos a la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited, una empresa extranjera que se encargaría de defender al presidente Gustavo Petro ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo incluyó en la Lista Clinton en octubre del año pasado junto a Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti.

El país se enteró del contrato gracias a denuncias de Germán Ricaurte, candidato a la Cámara por Bogotá, y de Katherine Miranda, candidata al Senado. Ambos presentaron quejas ante la Procuraduría, que decidió abrir investigación para determinar si hubo detrimento patrimonial y violación de los principios de contratación pública. Lo que más ha generado debate es si el jefe de Estado puede usar recursos de Presidencia para defenderse de sanciones personales en lugar de acudir a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, que es la entidad encargada de asumir los pleitos en nombre del Estado.

El abogado elegido para esta tarea fue Daniel Kovalik, un jurista estadounidense con una trayectoria controversial. Kovalik ha defendido a regímenes autoritarios acusados de violar derechos humanos. Fue abogado del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, donde calificó la Revolución Bolivariana como "la revolución más benévola de la historia". Admira públicamente a Fidel y Raúl Castro, Daniel Ortega, Hugo Chávez, y defiende acciones de Vladimir Putin. En octubre, cuando lo entrevistaban en Blu Radio, le preguntaron si defendería gratis a Petro. Respondió: "Sí, sí. Lo hago por la causa, porque creo en Petro. Creo en lo que está haciendo. Y sí". Menos de dos meses después, viajó a Bogotá para acordar un contrato por 2.7 millones de dólares a través de su firma Amadeus.

El proceso está lleno de irregularidades que preocupan a funcionarios de la Casa de Nariño. Primero, el Gobierno consideró hacerlo a través de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, pero eligió hacerlo "dentro de casa" en Presidencia. No había estudios previos sólidos, fue una entrega directa sin póliza de seguro, y la documentación se tramitó por la oficina de contratos en lugar de la secretaría jurídica como manda la norma. La improvisación fue tanta que utilizaron como modelo contractual un documento de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y nunca cambiaron el nombre de la entidad. Según reportes, esto causó tal revuelo que el jefe financiero de Presidencia, Sergio Beltrán, habría renunciado por estos hechos, aunque no se pudo confirmar directamente el motivo de su salida.

El contrato fue estructurado por Nusmen Alfredo Acosta Aguilar, abogado jefe del área de contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien es hijo del actual ministro de Igualdad, Alfredo Acosta. Aunque su padre no era ministro cuando se firmó el contrato el 9 de enero, asumió el cargo días después y ambos siguen en sus cargos sin aparentes problemas. Según fuentes internas, esto genera "ruido en los pasillos del poder". Una fuente de Presidencia bajo reserva señala: "Nhora (Mondragón) –nueva directora del Dapre– quiso sacarlo y hasta llamó el ministro a reclamar. Dijeron que no hay conflicto, pero cómo no va haber problema si tu hijo es el jefe contractual de la Presidencia donde cualquier cosa que tú como ministro quieras hacer pues le puedes ayudar a tu papá". Cuando se le pidió comentario, Acosta respondió brevemente: "usted sabe que se firma el contrato es por el ordenador del gasto, pero no tengo ninguna apreciación al contrato. No voy a responder ninguna entrevista".

La congresista Miranda fue clara en su queja ante la Procuraduría: "los recursos públicos no pueden utilizarse para defender intereses personales del presidente Gustavo Petro y menos aún en procesos que no representan un interés general del Estado". Señala que los productos del contrato se concentran en análisis y recomendaciones "sin que se establezcan resultados verificables, indicadores de impacto ni entregables con efectos jurídicos concretos que permitan evaluar la real necesidad, proporcionalidad y eficacia del gasto público comprometido". Además critica que se trata de una "concentración de pagos" muy alta para un período corto de apenas cuatro meses. El contrato incluye un "honorario de éxito" de 1.182.000 libras esterlinas (aproximadamente 6 mil millones de pesos) sin garantía de que logre sacar a Petro y su círculo de la lista.

Entre abogados de diferentes entidades circulan advertencias sobre las posibles consecuencias legales para quienes estructuraron, revisaron y firmaron este contrato. Se habla de implicaciones fiscales, disciplinarias e incluso penales, pues podría configurarse un delito de peculado por uso y violación de requisitos legales en contratación pública. El abogado Kovalik publicó el 6 de febrero una foto con Petro durante una reunión en Estados Unidos. En la imagen aparece abrazado al presidente y escribió: "Increíble semana trabajando con Gustavo Petro. Verdaderamente el mayor honor de mi vida". Un honor que, según el contrato, nos costará a todos los colombianos 10 mil millones de pesos.