La carrera por la Contraloría General llegó a su recta final. El Congreso ya tiene los diez nombres que competirán por dirigir el principal órgano de control fiscal del país durante los próximos cuatro años. La elección definitiva ocurrirá en agosto de 2026, cuando los nuevos congresistas se posesionen el 20 de julio, y deberá hacerse por mayoría absoluta.

El proceso comenzó en el Congreso saliente, pero la decisión quedará completamente en manos de los senadores y representantes que llegarán al Capitolio en la próxima legislatura. Para llegar a esta fase final, los candidatos tuvieron que pasar pruebas de conocimiento, revisión de su formación académica, experiencia profesional y una audiencia pública donde fueron evaluados ante los congresistas.

Los diez finalistas traen historiales muy variados. Están Luis Enrique Abadía García, quien fue excontralor delegado para la Gestión Pública; Andrés Castro Franco, actual personero de Bogotá y excontralor de la capital; y Jorge Eliécer Laverde Vargas, secretario de la Comisión Sexta del Senado. También figuran Ana Elena Monsalvo Herrera con experiencia en asuntos económicos de la Contraloría, y Carlos Mario Zuluaga Pardo, quien fue exvicecontralor e incluso actuó como contralor encargado.

Se suman a la lista Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, excontralor de Bogotá, y Diana Carolina Torres García, quien fue contralora delegada para Medellín. Los últimos tres nombres son Amanda Madrid Panesso, subdirectora operativa de la Contraloría del Valle del Cauca; Karol González Mora, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional; y Rosalba Jazmín Cabrales Romero, quien fue personera encargada de Bogotá.

Esta mezcla de perfiles es deliberada: hay gente que conoce a fondo el funcionamiento de la Contraloría, otros vienen de personerías municipales, algunos tienen experiencia en las altas cortes y hay quien conoce el Congreso desde adentro. En elecciones como esta, tanto la experiencia como los acuerdos políticos que se cierren dentro del Capitolio pesan para la decisión final.

Quien gane la votación asumirá una responsabilidad enorme: dirigir la entidad encargada de vigilar cómo el Estado maneja los recursos públicos y ejercer control fiscal sobre todas las entidades estatales. No es un cargo menor en un país donde la corrupción y la mala administración de lo público siguen siendo preocupaciones de muchos colombianos.