A primera vista, la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016 parecía una solución. Trece mil guerrilleros dejaban las armas. La violencia debería disminuir. El Estado finalmente llegaría a esos pueblos olvidados en la selva. Pero diez años después, la realidad es mucho más cruda de lo que muchos esperaban. Mientras la principal guerrilla del continente se desmovilizaba, la producción de cocaína llegó a números récord y los grupos armados ilegales se multiplicaron en lugar de desaparecer.

Así lo documentó un reportaje del Financial Times, que consultó análisis detallados y testimonios de comunidades indígenas en Cauca. La conclusión es inquietante: desde 2019, una nueva generación de organizaciones criminales ocupó gran parte del territorio que dejaron las Farc, pero con una diferencia fundamental. Ya no luchan por ideas marxistas. Operan por dinero, puro y simple. El Financial Times documenta cómo el incremento de la droga y la apertura de nuevos mercados vino acompañado de violencia que hoy afecta no solo a Estados Unidos, sino también a ciudades europeas como Amberes y Dubái, además de Río de Janeiro.

El problema de fondo fue la ausencia del Estado. Después de que las Farc se retiraron de departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, Bogotá no logró consolidar una presencia real en seguridad, justicia, infraestructura o generación de empleo. Ese vacío, simplemente, fue ocupado por estructuras criminales, disidencias de la guerrilla y organizadores del narcotráfico. No desapareció la ilegalidad. Solo cambió de dueño.

Pero la situación se tornó aún más compleja porque el crimen organizado se modernizó. Los laboratorios de cocaína dejaron de ser estructuras precarias escondidas en la montaña para convertirse en operaciones sofisticadas. Nuevas variedades de coca, mejores técnicas agrícolas y métodos avanzados de procesamiento permitieron algo que antes era impensable: duplicar el rendimiento por hectárea en las últimas dos décadas. Según datos de la ONU, el área cultivada creció casi un 50 por ciento entre 2018 y 2023, alcanzando 253 mil hectáreas. El Financial Times vincula esta expansión a la suspensión de fumigaciones aéreas con glifosato en 2015, una decisión que dejó crecer los cultivos sin control.

Hoy, el 50 por ciento de los municipios colombianos alberga al menos un grupo armado, de acuerdo con la organización de investigación Acled. El número de integrantes pasó de cerca de 13 mil en 2018 a más de 27 mil en la actualidad. La extorsión y el secuestro repuntaron en varias regiones. El Ejército de Liberación Nacional mantiene una presencia importante en Colombia y Venezuela. El Clan del Golfo, surgido de antiguos paramilitares de los noventa, hoy controla territorio, narcotráfico y minería ilegal.

La estrategia de Paz Total del presidente Gustavo Petro intentó dialogar con estas organizaciones criminales para reducir la violencia. Pero el Financial Times señala que la iniciativa ha tenido "fallos fatales" por falta de coordinación y objetivos poco claros. Peor aún, según expertos citados por el diario, muchos grupos aprovecharon las negociaciones para fortalecerse territorialmente sin restricciones reales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo reconoció así ante el Financial Times: estas bandas "se aprovecharon de la buena voluntad del gobierno para aumentar su producción".

El desafío que enfrenta Colombia trasciende cualquier ideología política. Ni la negociación pura ni la ofensiva militar parecen suficientes. Los grupos armados actuales están integrados en comunidades rurales, participan en economías locales y tienen redes de apoyo construidas a lo largo de años. No son campamentos aislados en la montaña. Son negocios con raíces profundas. Eso explica por qué el exnegociador Humberto de la Calle, antiguo defensor del acuerdo de 2016, ha cuestionado severamente cómo se implementó la Paz Total. El próximo presidente deberá encontrar una respuesta que ninguno de los modelos anteriores logró.