Hace apenas cinco meses que el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres salió a la luz pública. Pero ya para el 5 de junio de 2024, Olmedo López, quien dirigía esa entidad, estaba sentado frente a la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, listo para contar todo lo que sabía. Acompañado de su abogado José Luis Moreno y dos funcionarios de apoyo, López comenzó una serie de interrogatorios que terminaría en diecisiete diligencias entre él y Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD. El medio El Colombiano accedió a estos expedientes y pudo conocer en detalle cómo operó la red de corrupción que involucraba a congresistas de la República.

El primer nombre que mencionó López fue el de Andrés Calle, quien en ese momento presidía la Cámara de Representantes y hoy está capturado por este caso. Según el exdirector de la UNGRD, entre septiembre y octubre de 2023 fueron 16 las llamadas que Calle le hizo para pedir una cita. "Él me pide la cita, que lo atienda. 16 llamadas fueron de él, incluidas las relacionadas con la cita que me solicitó", declaró López bajo juramento. En la reunión que sostuvieron a las 12 del mediodía en la oficina de López, el congresista solicitó dinero. López explicó que en ese momento Calle tenía a su padre como candidato a la Alcaldía de Montelíbano y a su hermano buscando la Gobernación de Córdoba. La cifra que se entregó fue de mil millones de pesos.

Lo peculiar del asunto es quién ordenó hacer estos pagos. Según López, quien le impartió la instrucción fue Carlos Ramón González, director del DAPRE (Dirección de Asuntos Políticos de la Presidencia). "La orden me fue impartida por el entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. Recibí esta instrucción directamente en su despacho, en el Palacio de Nariño, donde me indicó que era necesario cumplirle al doctor Andrés Calle", contó López ante la fiscal Patiño. Pero los pagos no pararon con Calle. También debía entregar tres mil millones de pesos al senador Iván Name, presuntamente a través de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.

El escándalo se amplió cuando López mencionó la participación del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien también está preso por este caso. Según las declaraciones de López, Velasco fue quien coordinó un sistema de "contratos por votos", donde se negociaban obras públicas a cambio de que los congresistas apoyaran proyectos del Gobierno. Karen Manrique, representante a la Cámara por Arauca, actuaba como enlace inicial entre el Gobierno y el Congreso, pero luego fue reemplazada por Wadith Manzur. En una videollamada del 15 de diciembre de 2023, López contactó a Pinilla para ponerlo al tanto de que los proyectos ya estaban definidos e involucraban contratos por aproximadamente 92 mil millones de pesos dirigidos a municipios de Córdoba, Arauca y Bolívar.

La investigación también destapó el papel del senador Julio Elías Chagüi del Partido de la U. Velasco le entregó su contacto a López y le explicó que Chagüi era el vocero de un grupo de congresistas de la Comisión I del Senado, la encargada del presupuesto. Tenía compromisos pendientes en INVÍAS por cerca de 30 mil millones de pesos. "El senador Julio Elías Chagüi era el vocero de un grupo de congresistas. Me explicó que los proyectos se iban a desarrollar en el municipio de Sahagún, un lugar donde él tenía una votación muy importante en sus elecciones al Senado de la República", afirmó López durante sus interrogatorios.

Una de las pruebas más contundentes que aportó López fue una libreta de apuntes marca Norma, recuperada de su residencia en Itagüí el 28 de junio de 2024. En la página 20 aparecen nombres de legisladores vinculados a municipios y regiones específicas. Ahí figuran la congresista Liana Ester Bitar, Julián Peinado Ramírez de Antioquia, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya identificado como "senador gallo". También aparecen la senadora Martha Peralta, vinculada a 12 proyectos en La Guajira por un valor superior a 558 millones de pesos, y Berenice Bedoya, presidenta del partido ASI, quien presuntamente solicitó contratos para obras en Meta y Casanare a cambio de apoyar la reforma pensional del Gobierno.

El rompecabezas de la corrupción sigue armándose. La Corte Suprema analiza audios de interrogatorios, chats de WhatsApp, registros de llamadas y análisis de geolocalización que ubican a los implicados en reuniones en lugares estratégicos como el Hotel Tequendama y el Batallón Guardia Presidencial. Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla ofrecen un mapa detallado de cómo operó esta red de negociación de votos por dinero, mientras la justicia prepara decisiones de fondo sobre los congresistas mencionados en el expediente.