En el municipio de Dibulla acaba de encenderse una alarma que trae de vuelta a la mesa un tema que genera desconfianza entre los ciudadanos: la contratación pública sin los debidos controles. La Alcaldía suscribió un acuerdo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) para pavimentar una vía en el corregimiento de Mingueo, un proyecto que requiere invertir más de 320 millones de pesos financiados a través del Sistema General de Regalías.

Lo preocupante no es solo la cifra, sino cuándo y cómo se firmó. El contrato llegó apenas una semana después de que la Fiscalía capturara a nueve personas vinculadas directamente a Aremca. Estas personas están señaladas de integrar una red que habría direccionado 101 contratos por casi medio billón de pesos en regalías distribuidos en nueve departamentos del país. De acuerdo con la investigación fiscal, estos involucrados violaron principios básicos de transparencia y selección objetiva, y dejaron de pagar alrededor de 14 mil millones de pesos que corresponden a contribuciones de obra pública.

Aquí está el nudo gordiano: la Alcaldía de Dibulla decidió no abrir licitación pública para este proyecto. Además, le encargó a la misma Aremca que actuara como interventora del contrato, es decir, la entidad que supervisa su propia ejecución. Aunque legalmente esto es permitido en proyectos de regalías, genera serias dudas sobre quién realmente está vigilando que el dinero se gaste bien.

El alcalde Alberto Montero Molina salió al paso de las críticas. Aseguró que Aremca deberá cumplir con todos los requisitos técnicos y legales, y que deberá presentar informes claros sobre cómo avanzan las obras. Las palabras suenan bien, pero la realidad en Dibulla no respalda ese optimismo.

Los habitantes del municipio tienen motivos para estar inquietos. Varias obras contratadas en el pasado quedaron inconclusas, y todavía hay vías sin pavimentar incluso en el casco urbano. Cuando la historia reciente muestra que los proyectos no se terminan, es difícil confiar en que este será diferente, especialmente cuando se ejecuta a través de una entidad investigada por corrupción.