Los resultados de los diálogos con grupos armados en la Sierra Nevada no fueron los esperados. En cambio, según la Alta Consejería para la Paz en Santa Marta, estos encuentros terminaron fortaleciendo las estructuras ilegales que operan en la región, en lugar de reducir la violencia que azota al Magdalena.

Jennifer del Toro, quien dirige la Consejería, no tuvo pelos en la lengua al hacer este balance. Señaló que el proceso fracasó en su objetivo principal: lograr que los grupos armados se desmovilizaran de verdad. Lo que pasó, según su análisis, fue que se crearon falsas esperanzas sin que hubiera metas claras ni un camino definido para que las organizaciones ilegales enfrentaran la justicia.

El problema, explicó la funcionaria, fue la falta de planificación. No había cronogramas concretos ni formas de verificar si realmente estaban avanzando. Mientras en los escritorios se hablaba de progresos, en el terreno la historia era completamente diferente. Organizaciones como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Ejército Gaitanista de Colombia no solo no se debilitaron, sino que aprovecharon para expandir su dominio en varios territorios, consolidando actividades como la extorsión y el control de negocios locales.

Las cifras pintan un panorama desolador. Desde 2022 hasta abril de 2026, el Magdalena ha acumulado más de 2.300 homicidios, lo que lo posiciona como uno de los departamentos más castigados por la violencia en toda la región Caribe. Es un recordatorio crudo de que, mientras se negociaba en las mesas de diálogo, la gente en los pueblos y comunidades seguía viviendo bajo la presión y el control de estos actores ilegales.

Para la Consejería para la Paz, el saldo final es preocupante: mayor presencia de grupos armados y comunidades que continúan sufriendo sus arbitrariedades sin que nada haya cambiado en su favor.