Los hospitales públicos de Antioquia respiran con dificultad. Una deuda de 2.1 billones de pesos que las EPS mantienen sin pagar es la razón. Lo más preocupante es que esta cifra no deja de crecer, y cada año se incrementa entre un 20 y 35 por ciento, lo que profundiza una crisis que golpea especialmente a los pacientes más necesitados.

Desde que el gobierno de Gustavo Petro asumió en 2022, la situación ha empeorado considerablemente. Las cuentas vencidas han aumentado 110 por ciento en estos tres años. En 2022, la deuda era de 956 mil 553 millones de pesos. Un año después saltó a 1.1 billones, luego a 1.5 billones en 2024, y cerró 2025 en 2.13 billones de pesos. Es un efecto dominó generado porque las EPS no reciben los giros necesarios del sistema de salud.

Las consecuencias son visibles en el terreno. Hospitales regionales de mediana complejidad en municipios como Yolombó, Yarumal, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia y Rionegro son los más afectados. Sin dinero fresco, estos centros de salud no pueden pagar nóminas, comprar medicamentos ni mantener la infraestructura adecuada. Y quien sufre al final son los antioqueños de menos recursos que dependen completamente de estos servicios.

La paradoja es que estos hospitales públicos son los encargados de prestar atención médica a las poblaciones más vulnerables de Antioquia. Sin embargo, quedan atrapados en un círculo vicioso de deudas crecientes que pone en riesgo su capacidad de funcionar y, lo más grave, la salud de miles de personas que no tienen otra opción.