En La Estrella, Antioquia, la salud de más de 20.000 personas está en la cuerda floja por un pleito que mezcla dinero, política y falta de voluntad. La E.S.E. Hospital La Estrella advierte que podría cerrar los centros de salud ubicados en La Tablaza y Pueblo Viejo, dos sectores rurales que dependen completamente de estos servicios para atenderse.

La crisis tiene un número bien definido: 600 millones de pesos. Esa es la deuda que la Alcaldía mantiene pendiente con el hospital, según Daniel Gustavo Velásquez, gerente de la institución. El problema es que estas platas son fundamentales para que la E.S.E. siga funcionando. El alcalde Mario Gutiérrez dice públicamente que está en desacuerdo con cualquier cierre y que exige acciones para evitarlo, pero Velásquez no suena convencido. Para él, la crisis es tan real que ya está presentando alternativas de emergencia.

Lo que complica más las cosas es que detrás de este hueco financiero hay un telón de fondo político. Velásquez es cercano al exalcalde Juan Sebastián Abad, quien ya no está en la onda del gobierno que hoy administra el municipio. Eso hace que los acuerdos sean más difíciles de alcanzar. El gerente ha lanzado dos opciones sobre la mesa: que la Alcaldía pague la deuda de 600 millones de pesos, o que se cree un mecanismo financiero alternativo para conseguir recursos "una vez finalicen las restricciones de la Ley de Garantías", como lo explicó.

Velásquez no es de los que se quedan callados. Invitó directamente a los concejales y funcionarios municipales a que visiten la sección de urgencias del hospital para que vean en vivo las dificultades operativas. Mientras los funcionarios siguen debatiéndose en declaraciones públicas, la comunidad hace presión. Veedores ciudadanos como Daniel Ospina advierten que el tiempo se agota: si antes de que termine junio no hay un acuerdo definitivo entre la Alcaldía y la E.S.E., los centros de salud y los servicios farmacéuticos de La Tablaza y Pueblo Viejo dejarán de funcionar por completo. La pelota está en cancha de los administradores públicos.