Fue necesaria la intervención de la Policía Ambiental y la Guardia Ambiental Colombiana para frenar unos trabajos que estaban alterando una zona verde en un lote ubicado cerca de la Terminal de Transportes cartagenera. Todo comenzó cuando vecinos de los conjuntos residenciales aledaños levantaron la voz alertando sobre lo que estaba sucediendo en ese terreno.

Cuando las autoridades llegaron al sitio, encontraron máquinas pesadas removiendo tierra de manera indiscriminada, incluyendo la capa superficial del suelo y modificando completamente las condiciones naturales del terreno. Lo más grave: quienes ejecutaban las obras no tenían ni un solo papel que acreditara los permisos ambientales necesarios para hacer este tipo de intervenciones. Así de simple.

Los inspectores documentaron que esas actividades también habrían impactado negativamente la flora y la fauna presentes en la zona. Por eso mismo, el Grupo de Protección Ambiental procedió a asegurar preventivamente un bulldozer que estaba siendo utilizado en las labores. El objetivo es claro: detener el daño mientras se verifica la magnitud de lo ocurrido.

Desde la Guardia Ambiental Colombiana hicieron un llamado a la ciudadanía recordando algo básico pero que al parecer se olvida frecuentemente: cualquier proyecto que implique movimiento de tierra o intervenciones sobre el suelo urbano requiere autorización previa de la autoridad ambiental competente. No es opcional, es obligatorio.

Las investigaciones avanzan para establecer quién es responsable de esta presunta infracción ambiental y qué sanciones corresponden. La comunidad cartagenera logró evitar que continuara el daño al reportar lo que veía, así que en esta ocasión los ciudadanos fueron los guardianes del medio ambiente.