La evasión de la excongresista Aída Merlano sigue dejando consecuencias en el sistema penitenciario colombiano. Casi cuatro años después de su fuga del 1 de octubre de 2019, la Procuraduría ha completado sus sanciones disciplinarias contra los exfuncionarios del Inpec que facilitaron su escape desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

Diana Cecilia Muñoz Miguez, quien era la directora del penal femenino, fue la más castigada. La Procuraduría comprobó que ella entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial que permitieron que Merlano abandonara el centro de reclusión sin cumplir con los protocolos de seguridad. Todo ocurrió bajo el pretexto de que la excongresista necesitaba un procedimiento estético dental en el Centro Médico de La Sabana. Por estos hechos, Muñoz Miguez fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.

El problema fue evidente: Merlano nunca contó con la autorización del Inpec para salir de la cárcel, y cuando lo hizo, no se le asignó la seguridad que requería. Esto dejó las puertas abiertas para que escapara. Dos funcionarios más fueron castigados con las mismas sanciones que Muñoz Miguez. David Alexander Álvarez Cárdenas, excomandante de custodia, suscribió la remisión médica sin las medidas de seguridad necesarias. Katherine Lozano Forero, entonces subdirectora, aprobó el traslado de Merlano al consultorio médico en varias ocasiones anteriores.

Hubo un cuarto funcionario que recibió una sanción menor. Luis Alejandro Ballesteros Rincón, exdragoneante, fue suspendido por tres meses por permitir que Merlano se encontrara con sus hijos durante la cita médica, lo que contribuyó a facilitar las condiciones para su fuga.