La Procuraduría General de la Nación cerró un capítulo importante en el caso de la fuga de Aída Merlano. Confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilitación por diez años contra Diana Cecilia Muñoz Miguez, quien era directora de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá cuando sucedió el escape de la excongresista el 1 de octubre de 2019. Esta decisión ratifica una sanción que ya había sido impuesta meses antes contra la funcionaria y otros servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Lo que llevó al castigo fue cómo Muñoz autorizó y entregó los documentos que permitieron trasladar a Merlano a un centro médico para un procedimiento odontológico de naturaleza estética. Pero aquí está el problema: el traslado se hizo sin contar con la aprobación formal del Inpec y sin implementar las medidas de seguridad que exige la ley para una persona privada de la libertad. La Procuraduría consideró que estas acciones violaron principios básicos de la función pública como la moralidad, la responsabilidad y la eficacia. En otras palabras: no protegió como debía a una reclusa que representaba un riesgo de fuga.

El David Alexander Álvarez Cárdenas, quien fungía como comandante de custodia del penal, también fue sancionado. Según el fallo, este funcionario autorizó la remisión médica de Merlano sin asegurar las condiciones mínimas necesarias para un traslado seguro. Además, la Procuraduría confirmó castigos contra la exsubdirectora del centro penitenciario, quien aprobó la salida médica, y contra un dragoneante (guardia de custodia) que permitió encuentros no autorizados durante una de las salidas.

Aída Merlano escapó desde una ventana del consultorio médico ubicado en el norte de Bogotá utilizando una cuerda y subió a una motocicleta que la esperaba. La escena quedó registrada en videos de seguridad que circularon ampliamente. Después de su huida, la excongresista salió del país y fue localizada en Venezuela. Años más tarde fue deportada a Colombia para continuar sus procesos judiciales.