La contienda electoral terminó, las urnas hablaron, y ahora comienza la tarea que muchos consideran aún más exigente que la campaña misma: gobernar para toda una nación que piensa de formas muy distintas.

El presidente electo Abelardo de la Espriella lo ha entendido desde sus primeras palabras tras conocer su triunfo. "No habrá vencedores ni vencidos", aseguró ante el Consejo Nacional Electoral al recibir su credencial. Además, fue claro al afirmar que "en democracia no existen enemigos irreconciliables". Estas declaraciones marcan el tono con el que buscará gobernar cuando asuma el cargo el 7 de agosto.

La Constitución Política es explícita al respecto. Su artículo 188 ordena que "el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos". No es una frase bonita: es una obligación legal y moral que va mucho más allá de haber ganado unas elecciones.

Pero aquí está el nudo del asunto. Después de una campaña tan polarizada, mucha gente entiende la política como un campo de batalla donde hay ganadores que destrozan a los perdedores. El presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy lo resumió bien: "se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra". La historia colombiana debería habernos enseñado esta lección hace décadas.

Lo que distingue a las democracias sólidas de aquellas que se fracturan no es que haya menos conflictos, sino que estos se tramitan dentro de instituciones que funcionan. El jurista Hans Kelsen advertía sobre la diferencia entre la legitimidad de origen (ganar las elecciones) y la legitimidad del ejercicio del poder, que se refrenda cada día con los actos de gobierno. Las instituciones son lo que permite que ciudadanos con opiniones radicalmente opuestas convivan bajo las mismas leyes sin destruirse mutuamente.

El ex rector Moisés Wasserman ha sido directo: necesitamos "manejar los desacuerdos en forma productiva, para que en los próximos años podamos vivir discutiendo lo importante y acordando lo posible". Esto no significa que el gobierno renuncie a su proyecto político ni que la oposición baje la guardia. Significa que ambos bandos deben entender que la democracia depende de su capacidad para coexistir dentro de unas reglas que todos respetan.

Las grandes transformaciones que Colombia necesita, aquellas que podrían sacar adelante la seguridad, la educación, la reducción de la pobreza y la justicia, solo son posibles si hay capacidad de construir acuerdos que trasciendan los calendarios electorales. No se trata de renunciar a los principios, sino de tener la grandeza de buscar lo que nos une como nación.

Al final, como suele suceder en las democracias que funcionan, lo importante no es quién está en la presidencia en este momento. Lo importante es que las instituciones sigan siendo lo suficientemente fuertes para garantizar que el próximo gobierno, sea de quien sea, respete las libertades de todos. Ese es el verdadero legado que debería buscarse en estos cuatro años: una Colombia donde la democracia prevalezca más que cualquier figura política.