El panorama de violencia en Colombia se agravó considerablemente durante 2025. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas acaba de presentar su informe anual sobre derechos humanos en el país, y los datos son alarmantes: desplazamiento forzado masivo, retenciones arbitrarias, asesinatos selectivos y confinamiento de poblaciones enteras. Es un retrato crudo de una nación donde grupos armados ilegales continúan ejerciendo control territorial con métodos brutales.

Las cifras hablan por sí solas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, conocida como OCHA, reporta que el desplazamiento forzado aumentó 85 por ciento en 2025 comparado con 2024. Esto significó que 89.013 personas fueron expulsadas de sus territorios, muchas de ellas en la región de Catatumbo donde el ELN y facciones disidentes de las FARC mantienen enfrentamientos constantes. En Arauca, departamento estratégico del oriente colombiano, las retenciones casi se duplicaron: pasaron de 163 casos en 2024 a 277 en 2025. Los afectados fueron 245 hombres y 32 mujeres, según la ONU.

Lo más inquietante es la forma como los grupos armados justifican estas retenciones. Aunque algunos buscan extorsionar, la mayoría argumenta estar aplicando lo que llaman "justicia revolucionaria", durante la cual "investigan" a las víctimas. Muchas personas han sido sometidas a tratos crueles e inhumanos, y en algunos casos asesinadas. Los familiares, aterrorizados, reciben amenazas para evitar que denuncien lo ocurrido. La extorsión se ha vuelto tan generalizada que está asfixiando las economías locales, "impactando los derechos económicos y sociales de las comunidades", que ya vivían en pobreza.

El horror se extiende más allá del desplazamiento. El informe documenta 166 homicidios selectivos, incluyendo al menos 8 masacres. Los confinamientos aumentaron 12 por ciento, afectando principalmente a indígenas y afrodescendientes en el Chocó, Cauca y Bolívar. En Guaviare, un solo paro armado confinó a 12.601 personas y restringió la movilidad de otras 32.000, impidiéndoles trabajar y generando más violaciones a sus derechos.

Los excombatientes de las FARC tampoco están seguros. La Misión de Verificación de la ONU constató que 45 exintegrantes fueron asesinados en 2025, un aumento de 36 por ciento respecto a 2024. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido ejecutados 486 antiguos miembros de esa organización. El incumplimiento de los pactos de paz es evidente.

El sector educativo está siendo diezmado. En Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta, grupos armados ocuparon escuelas interrumpiendo clases y poniendo en riesgo a estudiantes y docentes. En otros departamentos como Guaviare, Huila, Magdalena, Meta y Valle, profesores fueron amenazados y desplazados. Peor aún, en Cauca y Putumayo, grupos armados reclutaron a estudiantes indígenas dentro de instituciones educativas.

Ante esta catástrofe humanitaria, la ONU exigió al Gobierno colombiano adoptar "medidas efectivas para prevenir violaciones de los derechos humanos" y garantizar plenamente la participación política en los territorios más golpeados. Los enfrentamientos continúan en Catatumbo, Magdalena Medio, Sierra Nevada de Santa Marta y en departamentos como Antioquia, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. La urgencia de actuar es innegable.