La mañana del 25 de febrero en Barranquilla fue interrumpida por la violencia. Alrededor de las 6:30 a.m., Rafael Ángel Osorio Peralta, un despachador de 58 años que trabajaba en la empresa Cootransoriente, estaba cumpliendo su labor diaria en la esquina de la calle 38 con carrera 38, muy cerca de la iglesia San Roque. Sin previo aviso, un hombre se le acercó caminando y le disparó en repetidas ocasiones. Segundos después, mientras el caos se apoderaba de la zona, el atacante huyó acompañado de un cómplice que lo esperaba en motocicleta. Testigos describieron al agresor vistiendo gorra, camiseta blanca y jean.

Lo que pasó después fue de desesperación. Los comerciantes cerraban sus puertas apresuradamente, los pasajeros buscaban refugio detrás de los buses y las personas corrían entre las calles angostas del centro barranquillero. Mientras el sicario se perdía entre la multitud intentando ocultar el arma, ciudadanos y trabajadores cercanos no dudaron en actuar. Levantaron a Osorio y lo subieron rápidamente a un bicicoche, la única opción disponible dada la congestión del sector y la urgencia del momento. Pero cuando llegó al Nuevo Hospital General de Barranquilla, los médicos confirmaron lo que nadie quería escuchar: Rafael había llegado sin signos vitales.

Los compañeros de Osorio lo recuerdan como un hombre dedicado, organizado y respetuoso. Habitante de Sabanagrande, salía de su casa a las 4:00 a.m. para comenzar su jornada laboral, como lo hacía cada día. Cootransoriente lo describió en un comunicado como "una persona íntegra, responsable y comprometida con su labor", y rechazó categóricamente el acto violento pidiendo a las autoridades esclarecer los hechos con rapidez.

Lo inquietante para los investigadores es que esto no parece ser un caso aislado. En 2023, Jorge Luis Meriño Mercado, gerente de la misma empresa, fue asesinado en Santo Tomás en un caso que las autoridades vincularon directamente con extorsión. Aunque la Policía aún no ha confirmado oficialmente que el asesinato de Osorio esté relacionado con presiones extorsivas, esta línea de investigación cobra fuerza. Los allegados del despachador descartan que tuviera conflictos personales o amenazas recientes, lo que refuerza la teoría de que el ataque no estaría dirigido contra él como individuo, sino que tendría relación con presiones contra la compañía o el gremio transportador.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, la Sijín y el CTI de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar la inspección técnica. Un grupo especial de investigación asumió el caso analizando cámaras de seguridad de la zona y recopilando testimonios de testigos, con el objetivo de establecer la ruta de escape y las motivaciones del crimen.

Este homicidio reabre un debate incómodo en el Atlántico. En los últimos años, empresas intermunicipales, líneas urbanas y conductores independientes han denunciado amenazas, cobros extorsivos y ataques armados en distintos municipios. La muerte de Osorio, ocurrida en pleno centro y en una zona con alto flujo de personas, visibiliza nuevamente la vulnerabilidad del sector transportador y deja en evidencia la necesidad de medidas efectivas de seguridad que el gremio y las empresas vienen reclamando hace tiempo.