Las autoridades judiciales acababan de descubrir un negocio ilegal que funcionaba a plena luz en los departamentos de Sucre y Cesar. Se trataba de una red criminal que había encontrado la manera de apropiarse de vehículos que habían sido embargados por los juzgados civiles, para luego revenderlos a personas que jamás imaginaban que compraban un carro robado.

El esquema era ingenioso pero delictivo. Los implicados recibían automotores que debían quedar custodiados mientras avanzaban procesos judiciales, pero sin contar con ninguna autorización legal para prestar ese servicio. Trasladaban los carros a dos parqueaderos que habían creado específicamente en Sincelejo. Una vez allá, hacían desaparecer los vehículos de los registros judiciales y los comercializaban en el mercado como si fueran bienes completamente legales, sin restricción alguna.

La Fiscalía estima que mediante este mecanismo fraudulento, la organización logró quedarse con cuando menos 13 vehículos. El daño no era solo económico para los dueños legítimos, sino que también entorpecía el normal desarrollo de procesos judicales que dependían de esos bienes.

En la primera fase de la operación, el Cuerpo Técnico de Investigación junto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional capturaron a cuatro particulares: William Enrique Hernández Surmay, José de Jesús Pérez Martínez, Erwin David Lamadrid Méndez y Tony Alfonso Gutiérrez Arias. El quinto implicado, Carlos Enrique Campo Salina, se presentó voluntariamente ante las autoridades para responder por los hechos.

Ante un juez de control de garantías, un fiscal de la Seccional Sucre los imputó por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Por ahora, todos los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en sus respectivos lugares de residencia mientras continúa la investigación.