Una compleja red de traficantes que operaba desde el noroeste colombiano fue desmantelada en una operación que reunió esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación, la DIJIN de la Policía Nacional y agencias de seguridad estadounidenses. La estructura criminal se dedicaba a movilizar migrantes de manera irregular a través de las costas de Antioquia y Chocó, moviendo dinero ilícito por más de 100 mil millones de pesos a través del sistema financiero.

La sofisticación del esquema radicaba en la creatividad de los delincuentes. Ofrecían supuestos paquetes turísticos hacia el Golfo de Urabá por redes sociales, pero lo que realmente vendían era transporte clandestino. Hombres, mujeres y menores de edad provenientes de Afganistán, Irak, Haití, Venezuela y China pagaban para salir ilegalmente desde puertos como Necoclí, Capurganá, Acandí y Sapzurro, con destino a Centroamérica. En total, la organización movilizó más de 800.000 migrantes.

El dinero del tráfico se ocultaba mediante mecanismos que buscaban evadir la vigilancia financiera. La red utilizaba transacciones en efectivo, compraba bienes para blanquear recursos y hacía transferencias fragmentadas en montos pequeños. Además, constituyeron cinco empresas falsas de transporte marítimo y fluvial que les permitían disfrazar las operaciones criminales como negocios legales. Buena parte de estos movimientos ocurrieron durante la pandemia, cuando el turismo formal estaba paralizado, lo que hizo más fácil pasar desapercibidos.

En los allanamientos realizados en Necoclí, Apartadó y Medellín fueron capturados nueve presuntos miembros de la organización. Los acusados enfrentan cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, delitos que rechazaron. Las autoridades incautaron 152 carpetas con registros de operaciones marítimas ilegales, nueve computadores, un disco duro y once celulares. También identificaron 25 cuentas bancarias que supuestamente fueron utilizadas para canalizar el dinero.