En un operativo que tocó fibras sensibles por el sufrimiento animal, la Fiscalía General de la Nación desmanteló una macabra red de peleas de perros que funcionaba como un evento internacional en La Calera. Los investigadores llegaron justo cuando estaba en pleno desarrollo, sorprendiendo a decenas de personas que se habían congregado en una zona rural para presenciar los combates y hacer apuestas ilegales alrededor de los enfrentamientos.

Lo que encontraron fue desolador. "Los funcionarios llegaron justo en el momento en que se realizaban los enfrentamientos en un cuadrilátero de madera entre caninos de Colombia y otros traídos del exterior", informó la Fiscalía. Al allanar el lugar, los investigadores no solo encontraron la infraestructura montada sino también perros en plena pelea, algunos de los cuales habían sido trasportados desde otros países exclusivamente para participar en estos combates.

La operación fue el resultado de varias semanas de seguimiento a una red sofisticada que utilizaba grupos cerrados en redes sociales para convocar a los asistentes y mover millonarias apuestas. Entre los capturados había 13 personas: nueve extranjeros procedentes de Ecuador, Venezuela y República Dominicana, más cuatro colombianos. Entre ellos estaba Juan Esteban León Ramírez, identificado como el presunto organizador del evento, y Carlos Cifuentes Hernández, un veterinario que aparentemente formaba parte de esta operación criminal.

Lo más desgarrador ocurrió cuando se revisó el estado de los animales. Doce perros fueron rescatados en condiciones lamentables, con graves afectaciones de salud y heridas recientes de los combates. Según las autoridades, al menos cuatro de ellos eran utilizados como "carnada" para incitar agresividad en otros perros. En el lugar fueron hallados además dos perros muertos.

La Fiscalía imputó a los detenidos por maltrato animal agravado, delito que incluye muerte y lesiones severas. Todos los capturados aceptaron los cargos. Para el organizador y el veterinario, la Fiscalía solicitó que sean enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial, mientras que los demás implicados continúan en trámite de investigación.