Una operación coordinada entre autoridades colombianas y estadounidenses logró capturar a siete integrantes de una red de explotación sexual infantil que operaba en Medellín. La banda seducía a menores de edad ofreciéndoles pagos que oscilaban entre 80 mil y un millón de pesos para luego abusar de ellos y comercializar el material en el mercado negro internacional.

La investigación, ejecutada por la Policía Nacional, Interpol, la Fiscalía y la agencia estadounidense HSI, identificó a Ceín Quezada Ríos, un ciudadano mexicano que usaba la identidad falsa de Carlos Hernández, como uno de los principales responsables. Este sujeto operaba desde su residencia donde llevaba a cabo los abusos sexuales contra los menores.

El método de esta organización criminal era particularmente perverso. Contactaban a niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales, e incluso se acercaban a sus familiares para convencerlos de participar en estos actos. Las víctimas provenían de sectores vulnerables de Medellín como San Cristóbal, Santa Lucía, la Comuna 13 y Las Palmas.

Una vez atraídos a la residencia del mexicano, los menores eran abusados sexualmente mientras se grababa el material. Estos videos eran distribuidos posteriormente por la dark web hacia clientes pedófilos ubicados principalmente en Estados Unidos, donde pagaban sumas de dinero para acceder a este contenido criminal.

Las autoridades también abrieron investigaciones contra algunos padres de las menores víctimas por su presunta participación en estos casos. Los siete capturados fueron enviados a prisión a la espera de los procedimientos judiciales correspondientes.