Una investigación coordinada entre autoridades colombianas y estadounidenses destapó una operación de corrupción en la Registraduría de Fundación que funcionaba casi como un negocio clandestino de documentos falsos. La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas implicadas en el esquema: la funcionaria Milena Sanjuanelo Castiblanco, los exfuncionarios Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo, además del guarda de seguridad Luis Alberto Cantillo Vizcaíno.

Lo que aparentemente comenzó como solicitudes ocasionales de documentación se convirtió en una red sistemática de fraude. Según la investigación, estos funcionarios aprovechaban sus cargos para meter información falsa directamente en los sistemas oficiales de la Registraduría. Lo más grave: en algunos casos utilizaban datos de personas fallecidas para respaldar las solicitudes. El resultado fueron al menos 20 trámites completamente irregulares de registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, principalmente dirigidos a migrantes venezolanos y dominicanos que buscaban papeles colombianos para moverse libremente por el país.

El negocio era lucrativo. Por cada documento fraudulento expedido cobraban entre 1.200 y 1.500 dólares. Con esas cédulas en la mano, los migrantes podían tramitar pasaportes y viajar hacia Estados Unidos, México y países europeos haciéndose pasar por ciudadanos colombianos. Una operación que abría puertas para que extranjeros se movieran internacionalmente con identidades falsas.

La captura de estos cuatro individuos fue resultado de un operativo coordinado entre el CTI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), el Ejército Nacional y Migración Colombia, que realizó allanamientos en Santa Marta y Fundación. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado. Ninguno aceptó los cargos.

Por ahora, dos de los judicializados, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo, deberán cumplir medida de aseguramiento en sus residencias. Los otros dos continúan en el proceso judicial mientras avanzan las investigaciones sobre una red que movió dinero y falsificación en documentos que se suponía debían garantizar la identidad de los colombianos.