En tres ciudades simultáneamente, la Policía golpeó uno de los fraudes más grandes contra los programas de ayuda social. Once personas fueron capturadas en Medellín, Barranquilla y Montería acusadas de robar más de tres mil millones de pesos destinados a población vulnerable. El operativo fue coordinado entre la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) y la Fiscalía General de la Nación.

La estructura criminal, conocida como "Hacker", no era improvisada. Investigadores encontraron que durante más de dos años estos delincuentes se metieron en los sistemas de identificación biométrica del Estado para alterar registros y suplantar beneficiarios. Así robaban subsidios de programas como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas. La red comenzó en Medellín y Antioquia, pero se expandió hacia Ibagué, Montería y Barranquilla, dejando más de 334 víctimas identificadas en todo el país.

Dentro de la organización había roles bien definidos: algunos reclutaban a cómplices, otros suplantaban identidades y había quienes se encargaban de cobrar el dinero robado. Uno de los señalados como cabecilla fue identificado como alias "Yeimar". Lo preocupante para las autoridades es que sospechan que personas desde el sector público pudieron haber facilitado información sensible, por eso continúan buscando más implicados.

En los allanamientos, los uniformados decomisaron computadores, teléfonos, discos duros, equipos para alterar huellas dactilares y máquinas para falsificar documentos. Todo será analizado por peritos para conocer la magnitud real del robo. Los capturados ya fueron presentados ante un juez y enfrentan cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos, abuso de confianza y falsedad personal.

Según el general Elver Vicente Alfonso, director de la DIJIN, "Se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas estatales Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas, identificando más de 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios". La Fiscalía sigue investigando para determinar el daño total y si hay más personas involucradas en este esquema que afectó directamente a quienes más lo necesitaban.