En Fundación, Magdalena, las autoridades descubrieron uno de esos escándalos que duele: servidores públicos vendiendo la identidad del país. Una red de corrupción enquistada en la Registraduría local ofrecía cédulas y documentos de identidad completamente falsos a migrantes extranjeros. El negocio ilegal funcionaba con tranquilidad, cobrando entre 1.200 y 1.500 dólares por cada trámite fraudulento. La operación fue develada gracias a una investigación coordinada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations.

La Fiscalía, apoyada por el Ejército, ejecutó capturas en Fundación y Santa Marta. Fueron detenidos cuatro personas: Milena Sanjuanelo Castiblanco, quien trabajaba como funcionaria de la Registraduría; dos exempleados de la misma entidad, Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo; y Luis Alberto Cantillo Vizcaíno, quien fungía como guarda de seguridad. Según la Fiscalía, "estas personas son señaladas de intervenir de manera irregular en 20 eventos delictivos en los que fueron gestionados registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, a cambio de sumas que oscilaban entre 1.200 y 1.500 dólares".

El modus operandi era sofisticado. Los implicados ingresaban información fraudulenta directamente en los sistemas oficiales de la Registraduría y autorizaban trámites con documentos que contenían datos falsos. En algunos casos, usaban cartas de respaldo correspondientes a personas ya fallecidas. Uno de sus trucos principales era obtener registros de nacimiento extemporáneos, a partir de los cuales expedían cédulas de ciudadanía y pasaportes. Con esos documentos en mano, los migrantes viajaban hacia Europa, Estados Unidos y México.

Los beneficiarios fueron principalmente ciudadanos venezolanos y dominicanos. El fiscal del caso explicó la estrategia: "El ingreso a Estados Unidos lo hacían a través de México, donde no se exige visa para los colombianos y hay menos restricciones. En el caso de los dominicanos, a los que se les pide visa para entrar a Europa, lo hacían con el pasaporte colombiano". Lo preocupante es que las cédulas que recibían eran genuinas en su materialidad, solo que con datos falsos. El acusador advirtió que "muchos de los que compraron estos documentos están hoy de manera irregular en Estados Unidos".

La red habría operado desde 2022, al menos. Un testigo relató que en el pasado entregó dos millones y medio de pesos más su foto a un tramitador, quien le devolvió una cédula y un pasaporte fabricados por esta organización criminal. En las audiencias, los detenidos fueron imputados por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado, cargos que rechazaron.

Lo que generó más preocupación entre analistas fue la decisión judicial: ninguno de los cuatro fue enviado a prisión. El juzgado dictó detención domiciliaria solo para Milena Sanjuanelo y para Aníbal Rojano, mientras que los otros dos fueron dejados en libertad, aunque vinculados al proceso. Fuentes cercanas a la investigación creen que hay más funcionarios implicados en este entramado, por lo que las pesquisas continuarán para desmontar completamente la red.