Un golpe significativo contra la explotación infantil se registró en Medellín después de que la Fiscalía General, la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos coordinaran esfuerzos para desmantelar una red criminal dedicada al abuso sexual de menores. La operación conjunta logró judicializar a siete personas acusadas de explotar sexualmente a niños y adolescentes, además de producir y distribuir material audiovisual de contenido sexual para su venta en el exterior.

Los investigadores descubrieron que los menores eran localizados en diferentes sectores de la capital antioqueña, muchos de ellos provenientes del círculo cercano de los procesados o residentes de los mismos barrios. Mediante engaños, eran obligados a participar en la producción de videos y fotografías sexuales explícitas que después eran enviados a compradores internacionales a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

Especialmente grave resultó el caso de Cein Q.R., un ciudadano mexicano que hacía parte de la red. Este sujeto rondaba instituciones educativas buscando víctimas y les ofrecía sumas de dinero, entre 80.000 pesos y un millón de pesos, con el propósito de trasladarlos a su residencia donde los sometía a abuso sexual.

Las autoridades imputaron a los capturados delitos que incluyen explotación sexual comercial de menores, acceso carnal abusivo, pornografía infantil agravada, uso de menores para delinquir y proxenetismo con menores de edad. Un juez de control de garantías ordenó que todos permanezcan en prisión mientras avanza la investigación. De manera paralela, los menores identificados como víctimas fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que reciban atención integral y se restablezcan sus derechos.