A las cinco de la mañana, unidades de la Policía Metropolitana y del GOES sorprendieron a tres personas cuando se disponían a iniciar labores en lo que parecía ser una casa común en el barrio Bosa San Bernardino, en el sur de Bogotá. Tras seis meses de investigación en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad y la Empresa de Acueducto, las autoridades descubrieron que detrás de un garaje funcionaba una planta industrial clandestina dedicada a embotellar agua con marcas falsificadas.

El montaje que instalaron era sofisticado. Los responsables contaban con tanques de almacenamiento, sistemas de purificación a gran escala y maquinaria para llenar bolsas de seis litros y botellones de cinco galones. Lo astuto del negocio estaba en reutilizar envases originales de marcas nacionales e internacionales reconocidas para vender el agua procesada en el lugar. Semanalmente producían una cantidad considerable de recipientes que comercializaban a aproximadamente 14.000 pesos cada botellón. Durante el allanamiento incautaron 294 botellones llenos, mil tapas, mil sellos de seguridad y 22 guacales utilizados para el almacenamiento y transporte.

Lo más grave para las finanzas del Distrito fue el fraude al acueducto. El predio estaba registrado en una zona en normalización, lo que permitía a los operadores pagar una tarifa fija bimestral que oscilaba entre 5.000 y 10.000 pesos, sin que importara cuánta agua realmente consumían. Mientras tanto, procesaban cientos de litros diarios en su planta clandestina. Los responsables también usaban indebidamente las marcas comerciales de empresas que luego participaron en el operativo.

En el operativo fueron capturados dos adultos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales por los delitos de usurpación de propiedad industrial y defraudación de fluidos. Un menor de edad fue puesto bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Especialistas del Laboratorio de Aguas del acueducto tomaron muestras del líquido para verificar si cumplía con las condiciones mínimas para el consumo humano. Las autoridades advirtieron que si se encuentran irregularidades sanitarias, podrían abrirse investigaciones adicionales por afectaciones a la salud pública. De ser hallados responsables, los adultos enfrentarán penas de prisión y sanciones económicas.