Durante años, las regiones colombianas han funcionado como administradoras de la escasez. Territorios enteros han crecido cargando con responsabilidades cada vez más grandes en lo social, ambiental y económico, pero sin los recursos ni la independencia que necesitan para decidir su propio camino. El Caribe, por ejemplo, concentra al 22% de la población nacional, pero solo aporta el 14% del PIB, una brecha que refleja una pobreza estructural perpetuada por decisiones tomadas a miles de kilómetros, en la capital.

Pero hoy el país está frente a algo que no puede dejar pasar: la oportunidad de saldar esta deuda histórica reconfigurando cómo se distribuye el poder desde el centro hacia las periferias. Esto no se trata de fragmentar el Estado ni de un simple rebusque administrativo. Por el contrario, es un acto de justicia social y una señal de que Colombia está madurando políticamente. Las soluciones a los problemas locales siempre se diseñan mejor en el territorio, donde vive la gente que los enfrenta, no desde un escritorio capitalino.

El corazón de esta transformación debe ser una Ley de Competencias del Sistema General de Participaciones que sea seria, integral y que de verdad funcione. Porque una autonomía sin recursos económicos es apenas un espejismo. Lo que se necesita es transferir progresivamente recursos hacia las regiones, con la meta de llegar al 49%, pero atada a una delimitación clara de quién hace qué. Municipios como base de la gestión local, departamentos como articuladores, y regiones como Entidades Territoriales con capacidad para asumir proyectos grandes en infraestructura, conectividad y transición energética.

Los debates en el Congreso y las audiencias públicas que se realizan en todo el país son pasos cruciales. No se trata de repartir migajas, sino de ampliar las capacidades de toda una nación para que crezca desde sus propias raíces. Los territorios no están pidiendo favores; están exigiendo las herramientas que la Constitución de 1991 ya les otorgó y que el centralismo ha mantenido guardadas.

El Caribe y todas las regiones del país están listos para asumir este desafío con responsabilidad. Un país más fuerte, más justo y equitativo solo se construye confiando en las capacidades locales y con una descentralización moderna que acerque el Estado a sus ciudadanos. Ahora el balón está en la cancha del Congreso de la República. Que no lo desperdicie.